Desde hace muchos años el interés ciudadano ha ido afianzándose en su sentimiento de rechazo a la corrupción, cuyos tentáculos cubren todos los ángulos y ya no tienen límites. Un ejemplo grave, entre muchísimos, es el escándalo de las pruebas falsificadas para diagnosticar el covid, acción de bajeza incalificable. Vilezas de ese tipo han sido señaladas por estudiosos desde hace muchos años, pero sus palabras han caído en el barranco de la indiferencia popular y la desvergüenza de quienes llegan al poder solo para enriquecerse y ascender socialmente. Muestran con descaro el producto de sus abusos convertidos en crímenes imperdonables causantes del silencioso y cobarde rechazo popular a una supuesta democracia inexistente.

Muy pocos ciudadanos conocen la razón de ser del Estado, por ignorancia o porque se les han enseñado interpretaciones torcidas, ideológica o económicamente, donde los valores ciudadanos brillan por su ausencia. Se igualan las actividades políticas, empresariales, sindicales y ahora las académicas, con la corrupción común, también vista como causa principal de los contubernios entre sectores políticos y no políticos -empresariales, académicos, sindicales, religiosos y otros-. Todo es negocio sucio; todo vale, todo se justifica, todo es contubernio: obra pública, tráfico de influencias, escogencia de allegados incapaces de solucionar problemas, lo cual se vuelve irrelevante. El Estado es visto y se volvió manantial de robo abierto o solapado. Aumenta la enmarañada burocratización innecesaria y también muy cara.

Existe una extensa serie adicional de rémoras que contribuyen a debilitar al Estado, del cual, en muchas ocasiones, ya se han apoderado. Ahí se cuentan los inconfesables intereses económicos de corporaciones locales y extranjeras, mientras los recursos provenientes de las remesas son vistos como una fortaleza económica en realidad inexistente, porque puede derrumbarse en cualquier momento y, por si fuera poco, depende de la permanencia escondida de los esforzados emigrantes. El aumento de ese éxodo obligatorio causa tensión, tanto donde se han asentado como donde nacieron. La ingobernabilidad está a la puerta; han aumentado los ejemplos de desobediencia civil, como los bloqueos a carreteras, decididos o anunciados por grupos sociales engañados o parcializados, a los cuales se ha unido un grupo de militares retirados.

El gobierno no tiene credibilidad alguna y ya es objeto de claras presiones y advertencias estadounidenses. El presidente actual -como otros lo hicieron- desea gobernar en soledad, monárquicamente, con metas de llegar a un Everest económico. Pone valladares, detiene o compra, tanto a quienes integran otros poderes estatales como se une de hecho a los fácticos. El Legislativo se vuelve burdo cómplice y al mismo tiempo, mandadero. El pacto de corruptos se mantiene y consolida. La politiquería se mercantiliza al volverse fuente generalizada de imperdonable enriquecimiento fomentado y protegido por la más pura impunidad. Se suman los “partidos” en realidad inexistentes, sin formación, respaldados por grupos sociales con poder para beneficiarse política, económica y socialmente, y se aumenta el círculo de la corrupción.

Dicho círculo vicioso maligno se arraiga con cada gobierno. Por eso no tiene sentido intentar cambios si no se limpia la mesa y se preparan nuevas reglas, severas, de cumplimiento impuesto a quienes estén incluidos y la totalidad de la población. También debe eliminarse de tajo la judicialización de la política y la politización de la justicia, el abuso de los amparos, solo ver la letra muerta de la ley y arrancar su aplicación malintencionada, todas ellas aberraciones causantes de la tragedia nacional. Otra necesidad fundamental es convencer a ciudadanos sin antecedentes en mañas políticas, para que participen. La enorme tarea urge comenzarla con varios primeros pasos en diversas direcciones. Una de ellas es limpiar de “transas” a la conducción del país y castigar a quienes, dentro de cualquier sector, se corrompieron.