Por fin, Estados Unidos dio a conocer ayer los nombres de los 14 salvadoreños, 20 guatemaltecos y 21 hondureños involucrados con conocimiento en socavar las instituciones o procesos democráticos, corrupción significativa, obstrucción de investigaciones de corrupción en los contratos gubernativos, mordidas y extorsiones, lavado de dinero y actos de violencia, amenazas e intimidación a los investigadores privados o estatales de corrupción. Sus visas serán revocadas inmediatamente. La lista es larga, pero queda la sensación de estar incompleta porque las investigaciones oficiales aún no han terminado en otros casos conocidos, aunque no comprobados, pero sí con sólidas sospechas.

Pronto se alzarán voces para invocar la presunción de inocencia. Eso tiene lógica en Guatemala, pero no en este caso porque las acusaciones se lanzan públicamente cuando existen muy fuertes razones para señalar los delitos. El sistema jurídico estadounidense también tiene posibilidades de fallar y lo hace con alguna frecuencia, pero cuando se trata de acusaciones de delitos considerados muy graves, por serlo, como es el caso del lavado de dinero, los pasos son dados con más velocidad a la habitual. El retiro de las visas es un castigo estadounidense con consecuencias en prácticamente todo el mundo, no solo porque cierra las puertas de ingreso a ese país, sino también a entidades financieras y de crédito. De hecho es una muerte civil internacional.

De los guatemaltecos de la lista, son poco conocidos: Florencio Carrascosa, alcalde de Joyabaj; Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la Fundación contra el Terrorismo (FCT); Mynor Moto, exjuez mordelón nombrado por el Congreso, quien benefició el nombramiento de jueces, junto con Nester Mauricio Vásquez; Gustavo Herrera Castillo, operador político, obstructor de la justicia y mordelón. Más conocidos son Manuel Duarte Barrera, de la Corte Suprema, manipulador de nombramiento de jueces; Moisés Galindo, abogado de la FCT; Estuardo Sosa, exviceministro de Comunicaciones; Juan Carlos Godínez, exmiembro de la comisión del Congreso para seleccionar a la CSJ, manipulador en el nombramiento de jueces a posiciones altas.

De este grupo queda el diputado Estuardo Vargas, de la actual CSJ, quien también influyó ilegalmente para el nombramiento de jueces. De los conocidos no es necesario decir nada, por conocerse sus ilegalidades: Gustavo Alejos, Felipe Alejos, Delia Back, Álvaro Colom, Ricardo Méndez Ruiz, Alejandro Sinibaldi y Blanca Stalling, todos con acciones corruptas. Las informaciones de la prensa resultaron teniendo razón, así como las columnas balanceadas locales de opinión, y ello resulta ser un bofetón a quienes las atacan en forma irracional por motivos ideológicos o por negarse a creer lo evidente. No se trata de celebrar victorias contra estas personas, porque ellas se metieron voluntariamente en el fango de un profundo pantano del cual no se puede salir.

Un resultado colateral de este informe es comprobar una vez más la necesidad de declarar depurables a muchos otros corruptos, y hacerlo pronto. Sería muy inocente considerar a estos 20 de la lista como los únicos merecedores de ese castigo. En un país con la corrupción tan profunda como la tiene Guatemala, este listado solo debe ser el primero de muchos otros. Estados Unidos no puede ver hacia otro lado con el robo de los millones de dinero para las vacunas, hospitales, carreteras, etcétera. Washington tiene posibilidades muy claras para influir en la limpieza de los corruptos vía la presión para reformas forzadas, tanto en Guatemala como en El Salvador y Honduras. Les conviene a sus pueblos y al estadounidense, de cuyo dinero se nutre la corrupción.