Uno de los problemas más graves de las negociaciones entre funcionarios estatales guatemaltecos y entidades o personas extranjeras, lo constituye la reserva de estas. Al ser de naturaleza pública, la Constitución admite el derecho de los ciudadanos por conocerlas, con excepción de los temas de la cancillería y de las fuerzas armadas. Uno de los significados de ese vocablo es “prevención para que no se conozca algo” y en el caso de Guatemala los ejemplos sobre todo actuales levantan sospechas, especialmente si hay cláusulas de confidencialidad o de obligatoriedad de cumplimiento del contrato. Por esa causa no debe sorprender a nadie la exigencia de conocer todas las interioridades de la solicitada concesión por treinta años para extraer minerales de Izabal.

Los funcionarios están obligados a actuar a la luz del día, con informaciones de los planes y de los avances, conclusión y consecuencias de aquello firmado en representación estatal. La historia reciente registra docenas, si no más, de casos en los cuales no han sido defendidos los intereses nacionales y/o no han sido defendidos los derechos de los ciudadanos. Ahondar en esto es innecesario porque entre sus elementos se cuentan la corrupción abierta y la protección de intereses personales a costa del bien común. Las oficinas de información de las entidades públicas tienen el campo abierto para informar de temas fundamentales y de sus efectos a inmediato, corto, mediano y largo plazos. Es asunto vital si hay interés de no afectar el prestigio de los funcionarios.

Es común la actitud de algunos funcionarios cuando, como consecuencia de alguna noticia o comentario desfavorable, llaman a los medios informativos para reclamar y quejarse de una publicación, a la cual siempre califican de malintencionada. Hace algunos años, Prensa Libre se vio obligada a solicitar por medio del editorial al entonces presidente Otto Pérez Molina abstenerse de llamar cada vez más frecuentemente para este tipo de reclamos, situados fuera de las normas de la Ley de Emisión del Pensamiento, y muchas veces también un carácter poco propicio para la crítica y el análisis de puntos de vista distintos a los del gobierno, imposibilitados de mantener un adecuado balance. Esa actitud intransigente ha sobresalido en casos como los de Serrano y Arzú.

El principal beneficiado con esa legislación nacional es el ciudadano guatemalteco de a pie. Lo comprueban la cantidad de informaciones, noticias y comentarios al manejo de los fondos gubernativos, propiedad de la ciudadanía. La aversión y mala voluntad hacia estas actividades constituyen indicaciones de un pensamiento dictatorial o de un miedo al descubrimiento de actos corruptos en sus variantes de amiguismo, cleptocracia, nepotismo y demás. En ocasiones como la necesidad de conocer las interioridades de todo lo relacionado con el río Dulce y la extracción de minerales es cuando resalta la importancia del periodismo independiente en cualquiera de sus variantes.

El viaje de Antonio Malouf, ministro de Economía, no fue a Moscú, sino a San Petersburgo, invitado a un foro internacional económico en esa ciudad rusa, según indica en una carta Byron Estuardo Dardón Garzaro, jefe de prensa, quien afirma tener derecho de respuesta. No es así. Los funcionarios públicos pueden ser criticados por sus acciones como tales; las opiniones de columnas periodísticas son juicios de valor, por tanto subjetivos, y no son verdaderas ni falsas. Si hay un error, los interesados pueden enviar una carta. No es impunidad, sino ley. Tampoco se informa el correo electrónico de los columnistas porque existe el riesgo de ser enviado a los netcenteros contratados para defensas oficiosas. Como sea, es curiosa la invitación, por las circunstancias.