El costo de las decisiones públicas suele ser directamente proporcional a la dispersión del poder. En la medida que aumenta el número de tomadores de decisiones —políticos y partidos— los acuerdos requieren de consensos más costosos. Además, si se negocia en un marco ausente de valores éticos, todo se eleva a límites inimaginables. Esto es lo que ocurre en la política nacional.

Desde las elecciones del 2007 -podemos remontarnos al 2003, en las que alcanzó un 20% de diputados— la UNE ha tenido poder y control suficientes sobre lo que ocurría en el país. En aquel entonces obtuvo 51 diputados y pudo conseguir el 83% del control del Congreso junto con tres partidos —PP, Gana y FRG—, aunque el transfuguismo de la época hacía que la mayoría de los diputados se pasaran al partido oficialista al iniciar la legislatura. En las del 2011 fueron 48 diputados, y con cuatro partidos alcanzó el 91% del control. En el 2015 fueron 36, pero Líder —escisión de la UNE— consiguió 44, lo que permitió alianzas con tres partidos para un 80% de control en el Congreso. Sin embargo, en el 2019, y a pesar de contar con el mayor número histórico de diputados —52— ocurrieron dos situaciones nuevas: el siguiente partido más votado —Vamos— tuvo 17 diputados, y mantener únicamente el 61% del Congreso suponía pactar con cuatro partidos elevando los costos si se querían porcentajes más altos. La desarticulación de la UNE y las pocas curules de la oposición representan un desajuste importante para alcanzar mayorías en esta administración.

En el ámbito municipal ocurrió lo mismo. De 103 alcaldes en el 2007, pasó a 112 en el 2011 —en alianzas o directamente—, a 192 en el 2015 —sumados los de Líder— y a 108 en el 2019. La UNE siempre ha tenido, al menos, una tercera parte del “poder local”. Sin embargo, la ruptura interna ha provocado que los alcaldes busquen nuevas opciones, de ahí los pactos de la Anam con el gobierno actual y los más de Q3 mil millones concedidos para “obras públicas”. Esto es, el incremento de las transacciones políticas, producto de la atomización de partidos, requiere negociaciones más costosas.

De esa cuenta, muchos partidos y diputados han obtenido cuotas de poder o control de ciertas instituciones —Insivumeh— como pago por sumarse a determinadas alianzas, consecuencia de la necesidad de sumar votos para aprobar propuestas, algo que no había ocurrido antes de forma tan intensa. Agreguemos a lo anterior la pérdida de liderazgos en la UNE, como Mario Taracena, un operador político que logró “consensos” para modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos o prohibir el transfuguismo, pero también otros que hicieron posible incrementar el presupuesto a la Usac, nombrar a Gloria Porras en dos ocasiones como magistrada de la CC —por el Ejecutivo y el Legislativo, y se venía la tercera—, devolverle el poder a Joviel Acevedo —que ya estaba con un pie fuera— frenar la justicia —caso Blanco Lapola— o manejar la Contraloría de Cuentas, cuyo extitular es diputado de ese partido, entre otros.

La concentración del poder suele generar previsibilidad y promueve un clima que permite —como ocurre en muchos países aun autoritarios— mantener determinadas variables constantes, lo que aprovechan los ciudadanos para desenvolverse en un espacio predecible y con poco riesgo de modificación, aunque sea en malas condiciones. Cuando esa previsibilidad desaparece, producto de la necesidad de generar frecuentemente alianzas, o se produce una transición hacia otra concentración de poder, surge esa inestabilidad acusada por las personas que desconocen lo que puede ocurrir en el futuro próximo y genera desesperación, rechazo, crítica y altos costos ¡Así están las cosas!