Hay una iniciativa de ley que ha pasado ya primera lectura en el Congreso. Alrededor de ella, varias cosas llaman la atención: sus ponentes y dictaminadores, su retórica, el silencio y celeridad alrededor de su trámite y contradicciones de fondo. La iniciativa 5537, “Que dispone aprobar Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia que sean trasladados fuera de las fronteras del país sin la documentación legal migratoria”, llega justo cuando el Congreso tiene de su lado la pelota para determinar si Guatemala será o no un Tercer País Seguro. Casualidades políticas le llaman algunos, goles le llamamos otros.

Para comenzar, el sospechómetro se activa cuando entre los ponentes se lee a los diputados del partido oficial Javier Hernández Franco, Armando Melgar Padilla e Iliana Calles Domínguez. Y la alerta es mayor cuando Linares Beltranena, Molina, Galdámez, Sandoval y Carrillo, entre otros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, le dan dictamen favorable. ¿Por qué esta iniciativa es apoyada con apremio y sigilo, mientras otras como la 5285, “Ley del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñez y Adolescencia”, llevan años en el Congreso?
Vámonos al contenido de la iniciativa 5537. Ya el título es un eufemismo, no digamos la exposición de motivos, que se contradice con su verdadera intención de criminalizar a cualquier persona adulta que acompañe a otra menor de edad y que, además, intenta conculcar el derecho a migrar. Si nuestro Código de Migración, en su artículo 1, indica el Derecho a Migrar y la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la libre locomoción, esta iniciativa va en sentido contrario.

Es cierto que hay coyotes, tratantes y traficantes que ameritan sanciones severas por captar, transportar, trasladar, recibir o secuestrar personas (sobre todo menores de edad) para ingresarlas sin los documentos requeridos a otro país. Pero para tratantes y coyotes ya hay leyes y tipos penales específicos que no precisarían más normativa. Así que esta iniciativa, en Guatemala y a las puertas de un posible Tercer País Seguro, tiene dedicatoria y parte de otro lugar: supone, de manera muy superficial, que la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) está únicamente a cargo de las familias, haciendo caso omiso de las causas estructurales que producen las migraciones en un Estado que tiene una deuda histórica con su población, especialmente con NNA.

Guatemala no solo no les da nada desde el nacimiento, sino que cuando los NNA huyen de la violencia, la pobreza, la corrupción, las maras, la falta de oportunidades y el abandono, son separados y encerrados, así como también sus padres, madres, hermanos u otros parientes adultos que los acompañen. ¿Dónde queda la familia entonces y el derecho que tienen los NNA a tenerla? ¿Dónde el interés superior de NNA? ¿Dónde queda el principio de no devolución para NNA que precisan de protección internacional? ¿Dónde el derecho que tiene cualquier persona a optar por una vida digna y por la libre locomoción? Esta iniciativa lo que promueve es seguir criminalizando la migración, fenómeno tan antiguo como la misma humanidad. Quieren que creamos que las unidades familiares que viajan juntas son grupos criminales que trafican personas, y que una falta administrativa (migración irregular) es sinónimo de delito penal en Guatemala.

Esta iniciativa desconoce que 52% de familias guatemaltecas son o tienen familiares migrantes, lo cual criminalizaría a mucha gente que ya la pasa mal en nuestro territorio. Además, no solo expresa un gran desconocimiento de la ley nacional e internacional sobre protección a NNA en situación de migración, sino también sobre otros temas migratorios como asilo, refugio, apatridia y tráfico ilícito de personas. Al final solo habla de sanciones, no de mecanismos y procedimientos reales de protección a NNA migrantes. Es toda una aberración con empaque de regalo y moña, un gol que nos quieren meter en tiempos de crisis.