Creo que no es fácil encontrar la causa originaria del impasse que existe en relación con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las cortes de Apelaciones y de otros tribunales colegiados (“las cortes”). En cierto modo creo que esa causa está en la propia Constitución. Me refiero a que el método que regula para la elección de los integrantes de la CSJ y de las cortes da lugar al tipo de problemas a los que hemos asistido, no solamente durante este proceso de postulación y elección, sino que en casi todos.

Nunca olvidaré que cuando por primera vez participé en una comisión de postulación como decano de una de las facultades de Derecho, hacia principios de los años noventa, enfrentamos la delicada circunstancia de que un grupo de integrantes de la comisión, no mayoritario, interesado en promover la postulación de determinadas personas, aceptó postular a otro de los miembros de la propia comisión a cambio de que él votara por los candidatos que a ellos interesaba y así alcanzaban una mayoría. Afortunadamente fue posible disuadir al integrante de la comisión de aceptar su postulación.

Desde entonces a esta parte los recursos de todo tipo invertidos al objeto de lograr postular a determinadas personas se han multiplicado. Sin importar cuáles sean las motivaciones que puedan existir detrás de esos afanes, es objetivamente innegable que la independencia judicial de los que así han sido postulados ha quedado en entredicho y eso es muy grave.

El todavía inconcluso proceso de elección de los magistrados de la CSJ y de las cortes ha sufrido, como es bien conocido, numerosas vicisitudes, sumadas a las que sufrió el proceso de postulación. En las redes sociales algunos esgrimen que muchas de esas vicisitudes no son más que “batallas ganadas” por algunas organizaciones de la sociedad civil, contrarias a algunos de los grupos que han impulsado la postulación de determinados candidatos. Así, el proceso se ha querido presentar por algunos analistas como una lucha ideológica en la que, por una parte, del lado de las derechas, actúan los promotores de ciertos candidatos y, por otra parte, del lado de las izquierdas, actúan algunas organizaciones de la sociedad civil para impedirlo. De acuerdo con esa visión de las cosas, la postulación y elección de los magistrados no sería más que otra confrontación entre derechas e izquierdas.

Ese enfoque ha llevado también a entender que, cuando la CSJ niega un amparo a una de esas organizaciones de la sociedad civil, eso significa que la CSJ se ha alineado con las derechas y que, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) revoca en apelación ese amparo, la CC se ha alineado con las izquierdas.

Pienso que esta visión maniqueísta de las cosas es una simplificación interesada en polarizar ideológicamente el proceso que ni refleja la verdad de las cosas ni enfrenta el verdadero problema, a saber: que la independencia judicial quede en entredicho y que el Poder Judicial pierda credibilidad.

Pero ¿quién o quiénes son los perdedores en este asunto? Los grandes perdedores son el pueblo de Guatemala, esos millones de ciudadanos a quienes se les niega el derecho a un Poder Judicial verdaderamente independiente y digno de toda credibilidad; cada mujer y cada hombre a quienes se les haya violado un derecho o causado una injusticia; cada persona a la que se le niega una tutela judicial efectiva de sus derechos; cada empresario que clama por reglas claras y la certeza jurídica de sus inversiones. El gran perdedor es el Estado de Derecho.