En silencio, con premeditación y alevosía, como se ha acostumbrado este inútil gobierno a hacer las cosas, siguen las negociaciones sobre esa idea de convertir a Guatemala en “tercer país seguro”. Ya olvidamos las conversaciones mantenidas por el embajador de Guatemala en USA —reveladas por un congresista a través de una carta al presidente Trump— y nunca explicadas, por cierto, por el Gobierno, como si la gestión pública fuese patrimonio de políticos incapaces que pactan a sus anchas como les viene en gana. ¡Pero, claro, de una ciudadanía desinformada, políticamente analfabeta e incapaz de exigir sus derechos tampoco se puede esperar mucho!

El caso —y las consecuencias— es que, por incapacidad, interés, sumisión o ineptitud, la frontera guatemalteco-mexicana en su zona occidental terminaría colapsada de migrantes que no podrían continuar hacia México —porque aquel gobierno ha desplazado efectivos policiales y militares para impedir migración ilegal— y de este lado nada se puede hacer porque no hay capacidad para ello, aunque no se quiere admitir. De ahí la frase que el congresista norteamericano Vicente González incluía en la carta antes citada: “El presidente guatemalteco Jimmy Morales ha indicado que agradecería la introducción de tropas estadounidenses en la frontera norte de Guatemala”, y que recogía palabras del recientemente condecorado embajador guatemalteco.

Un país con altísimo índice de inseguridad, significativos niveles de pobreza y otros indicadores sociales y económicos paupérrimos, no puede ser un “país seguro”. De ser así, habría que cumplir con lo establecido en los correspondientes convenios internacionales y los migrantes que pidan asilo en USA deberían permanecer en Guatemala hasta que el proceso concluya en el país del norte. No podrían ser devueltos a sus lugares de origen y deberían contar con la atención pertinente. Si somos “exportadores” de migrantes justamente por no reunir condiciones de desarrollo y seguridad suficientes, ¿qué podemos hacer con cientos o miles de personas esperando una respuesta de meses o años del gobierno norteamericano? Si la policía no es capaz de hacer cumplir la ley, ¿cómo esperar que proteja la integridad de esos migrantes y garantice la seguridad? Si la economía no puede absorber a decenas de miles de ciudadanos porque está estancada, producto de una nefasta gestión política, ¿qué esperar cuando tenga que integrar a otras personas? Y si el narcotráfico campa a sus anchas por estos lugares, ¿qué se puede hacer cuando alcance a miles de migrantes desesperados y detenidos en su paso hacia USA?, por no hablar de condiciones humanitarias relacionadas con el alojamiento, la alimentación o la atención médica.

Podríamos hacer cientos de preguntas y no tener seguramente repuesta para la mayoría. El Gobierno, en su desesperación y salida pronta del poder —con las consecuencias legales que deberá afrontar—, decide huir hacia delante y comprometerse a asumir responsabilidades para las que no está preparado el país. Dejar firmado un acuerdo de ese tipo para salvar la cara frente a unos USA que parecen haber descubierto tarde quiénes están aquí investidos de autoridad, únicamente compromete el futuro y complica la gobernabilidad de quienes ganen las elecciones en agosto. Tanto Torres como Giammattei deberían asumir una postura común relacionada con este tema que genera dinámicas muy perversas en materia de política exterior —esa que algunos candidatos desconocen— y compromete gravemente la institucionalidad.

Cuando no se puede hacer lo propio es inútil comprometerse en asumir responsabilidades del vecino. Si se quiere enfrentar realmente el problema es muy sencillo: negociemos con USA un cupo de migración controlada y que el conflicto de ellos se convierta en una oportunidad para nosotros ¡Corta y escasa visión la de estos políticos “nuestros”!