Primera semana de un nuevo gobierno en un país con muchos retos y oportunidades. La semana pasada, el binomio presidencial presentó su plan de gobierno 2024-2028. Quisiera en este espacio profundizar en algunos datos importantes de cuál es el país que recibe la nueva administración.

Lo primero es reconocer que nuestro crecimiento económico de 3.5% sigue siendo muy bajo para las necesidades que tenemos. Esto se debe, en gran parte, a que Guatemala no está invirtiendo lo suficiente para crecer. La formación bruta de capital fija pública es apenas 1.7% del PIB, cuando deberíamos estar invirtiendo por lo menos 4% con un objetivo claro de subirlo a 6%. Esto implica no solo pensar nuevos modelos de inversión en infraestructura, como los que propone la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial, que solo está pendiente de tercer debate en el Congreso, sino seguir promoviendo más modelos de APP en educación, salud y agua, haciendo las reformas necesarias a la ley.

Tenemos que ser más pragmáticos y empezar a fomentar más inversión extranjera directa (IED) en estos y otros sectores de transporte, logística, energía, infraestructura y, por supuesto, en aquellos relacionados a productos farmacéuticos, insumos médicos, manufactura de equipos electrónicos y servicios a empresas (call center, ITO y BPO), donde el país tiene una gran oportunidad de aprovechar el nearshoring para aumentar de 1.4% a por lo menos 4.5% del PIB de forma sostenida la IED.

El país en materia de capital humano tiene algunos rezagos importantes, en temas de salud, por ejemplo, invertimos, según el Banco Mundial, apenas el 6.47% del PIB, cuando por lo menos deberíamos lograr subirlo a 8% al final de este gobierno. En educación se invierte el 3.2% del PIB, cuando podría elevarse a por lo menos 6%. Estos dos cambios, con los que seguramente pocos van a estar en contra, deben hacerse bajo modelos diferentes, no por la operación en modelos tradicionales, sino por los servicios de buena calidad, donde se comiencen a generar mejores sistemas de gestión pública a través de sistemas electrónicos para aumentar coberturas y modelos de contrato por indicadores de servicio.

En temas relacionados con seguridad, el país ha avanzado en reducir las muertes violentas. El año pasado terminamos con 16.7 homicidios por cada cien mil habitantes, una tasa menor incluso a la de países como Costa Rica, Colombia, México o Brasil, siendo ya el segundo país con menos homicidios después de El Salvador en Centroamérica (sin limitar garantías constitucionales).

Sin embargo, el fenómeno de las extorsiones sigue siendo un problema latente al cual debemos enfocar todos los esfuerzos, con un seguimiento claro desde los sistemas de inteligencia y denuncia ciudadana, a través de plataformas como Crime Stoppers, para lograr reducir esta tendencia.

Por último, la digitalización de todos los servicios de gobierno debe ser una prioridad para lograr dar resultados tangibles en la lucha contra la corrupción. Este gobierno ganó sobre la promesa de reducir la corrupción, y si logramos generar sistemas de control digital mucho más avanzados, seguramente se tendrán mejores resultados. Por eso es importante darle continuidad al plan planteado por la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico.

Todos estos esfuerzos, por supuesto, deben ser realizados tomando en cuenta los indicadores de desempeño ambiental, donde el país necesita avanzar en mejorar los sistemas de agua y saneamiento, la calidad del aire para la salud y la protección a la propiedad que fortalezca los recursos productivos y la biodiversidad.