Algunas palabras incorporadas al léxico político del país provocan molestia porque generalmente se emplean mal y se cambia o altera fundamentalmente su significado. Entre las más notorias se encuentran “medidas de hecho” y “mesas de diálogo”. En la práctica son, respectivamente, acciones con variados niveles de ilegalidad y por tanto son punibles, merecedoras de castigo inmediato y sin discusión. El segundo término señalado se ha vuelto, en la práctica, sinónimo de dejar pasar el tiempo mientras se logran las exigencias fuera de la ley provocadas porque a un grupo más o menos grande de la sociedad se le ocurre ser víctima de abusos o incumplimiento de promesas. En resumen, ceder ante presiones ilegales abre la puerta al posible caos.

Hace unos días, un grupo de supuestos exmilitares dirigidos por alguien en forma abierta, registrado por los videos de la prensa audiovisual, se permitió amenazar con el boicot a las elecciones. No caben los diálogos: la fuerza del Estado debe ser empleada, como se hace en sociedades avanzadas, para resguardar el beneficio colectivo. En este caso, se trata de quienes afirman haber pertenecido a las fuerzas militares y haber quedado a la deriva económica, mientras los exintegrantes de fuerzas irregulares, directa o indirectamente, han sido beneficiados con compensaciones. Ojo: no se discute la validez del derecho de ser compensado, sino la forma amenazante de exigirlo. Esto, en sí mismo, constituye un delito y el Estado no puede ceder, por principio.

Recuerdo un caso en cierta manera parecido. El gobierno de Guatemala no cedió ante las exigencias diplomáticas alemanas para liberar a guerrilleros ya sujetos a juicio, en los lejanos años setentas. Un funcionario de segundo nivel de la cancillería germana hizo un plantón en el parque para exigir ser recibido por el presidente Julio César Méndez Montenegro, quien por razones de índole diplomática envió a un funcionario del mismo rango a atenderlo. El embajador alemán Karl von Spreti fue alevosa y vilmente asesinado por los guerrilleros, y ello provocó la ruptura de relaciones de Alemania con Guatemala. No era posible ceder y ello fue uno de los factores de la tragedia, por la cual quedó clara la actitud criminal de la guerrilla contra inocentes, como el embajador.

No se puede ceder ahora ante la amenaza, nada menos, de boicotear las elecciones. Peor aún porque teniendo todo el tiempo del mundo para hacerlo actúan a dos semanas de su realización. A causa de esto y tomando en cuenta el hecho de no haber nada casual en política, la acción ilegal de los supuestos exmilitares llega en un momento planificado. El gobierno quedará en calidad de secuestrado y no podrá actuar de manera distinta ante acciones similares de cualquier grupo social. Por eso el momento de la presión obliga a pensar, más bien a estar seguro, de ser algún plan concebido por fuerzas oscuras. La Ley de Emisión del Pensamiento no permite incitación al delito y el tinglado legal guatemalteco indica claramente cómo se deben castigar esas acciones.

El actual gobierno no parece saciarse de demostrar su incapacidad, especialmente de entender las posibles consecuencias del accionar de los funcionarios de mediocridad intelectual y política. Una mesa de diálogo se puede establecer si hay dos condiciones: una, carencia de amenazas; dos, una actitud razonable, en relación a la realidad del país. 1.7 millones de beneficiados a quienes se les entreguen 85 mil quetzales, a cada uno, significa un total de 144 mil millones de quetzales. No hay negociación posible: la mitad serían 72 mil millones; la cuarta parte, 37 mil millones. El país no puede paralizarse por beneficiar a un grupo, independientemente de la validez de sus peticiones. El sistema judicial debe actuar de inmediato. No hacerlo fomenta el convencimiento popular de su inutilidad.