Punto de encuentro
El plan anti-Cicig reforzado
Se quedaron sin la presidencia. No pueden darse el “lujo” de perder el control del MP y las cortes.
El “pulso” entre las fuerzas democráticas y la alianza corrupta y autoritaria que buscaba impedir la asunción de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se saldó gracias a la masiva movilización ciudadana liderada por las autoridades de los pueblos indígenas y al acompañamiento de la comunidad internacional, que no quitó el dedo del renglón y mantuvo a Guatemala en el centro de sus prioridades.
Si por el Pacto fuera, Arévalo no habría asumido y estaría preso o en el exilio junto a su vicepresidenta; un “designado” se hallaría conduciendo de forma “temporal” el Ejecutivo, el Ministerio Público (MP) habría conseguido “anular” el resultado de las elecciones y nos encontraríamos en medio de un aislamiento internacional para “resguardar nuestra “soberanía”. Pero por más que lo intentaron no les alcanzó y tras una jugada en el Congreso —que fue como un gol agónico en el último minuto de la eliminatoria— se consiguió el traspaso en el poder y aquí estamos.
Habiendo perdido “esa” batalla, ¿se resignarían, respetarían la voluntad popular y dejarían al binomio gobernar? Por supuesto que no. Eso lo sabíamos y se había anticipado. El Pacto perdió en las urnas la presidencia pero mantiene una importante cuota de poder político en el Congreso y en las alcaldías, y sigue controlando el aparato judicial, incluidas las cortes y el MP. Ni hablar de su hegemonía en el sector económico y del incesante trabajo sucio de las redes de la contrainsurgencia que continúan aplicando el manual del “enemigo interno” y conservan sus tentáculos en los aparatos de inteligencia (públicos y privados).
Estamos frente a la segunda temporada de la estrategia que se fraguó en Mariscal Zavala.
Le están apostando a un desgaste apresurado de la gestión gubernamental; al bloqueo permanente del grupo de diputados del Movimiento Semilla y de las iniciativas de ley que puedan significar un cambio real en las reglas del juego en detrimento de los intereses del estatus quo; a redoblar la persecución penal contra opositores políticos, operadores de justicia independientes y periodistas; y a fallos judiciales y constitucionales que pongan un “palo” en la rueda para que no se pueda avanzar.
El mejor de los escenarios (están convencidos) es que en noviembre 2024 se dé un cambio en el gobierno estadounidense y que, para entonces, la administración de Arévalo esté debilitada y desgastada. Están preparando (sin prisa pero sin pausa) la ruta de un eventual juicio político y para eso necesitan continuar en control de la Fiscalía General y del aparato de justicia. Perderlos, como ya perdieron la presidencia, es un “lujo” que no pueden permitirse y van a echar toda la carne al asador para cooptar los procesos de postulación, siguiendo el manual (bien ajustado) que quedó evidenciado con las investigaciones del caso Comisiones Paralelas.
¿Exageraciones o demasiada paranoia? Lamentablemente no lo creo, ya vimos y continuamos siendo testigos de lo que son capaces. Ojalá me equivoque (me daría mucho gusto errarle al análisis), pero me parece que estamos frente a la estrategia anti-Cicig reforzada, la segunda temporada del plan que se fraguó en Mariscal Zavala y que les fue dando frutos hasta llevarnos a una regresión autoritaria que sigue en marcha, aunque hayan perdido un espacio central (el Ejecutivo) que salió de las filas del Pacto. Un horizonte posible es el Perú de Dina Boluarte.
La estrategia de las mafias tuvo y tiene al menos 4 planos: el jurídico, el político, el internacional y el comunicacional y, en este momento, dos objetivos: recuperar el control del gobierno y no perder el MP y las cortes. No es que no tengan diferencias, pero les une un interés común: mantener sus privilegios y garantizarse impunidad. En ese tablero jugamos y ahí mismo se les ganó una batalla. ¿Cuál es la estrategia para no perder la próxima?
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