Es importante recordar que la Corte de Constitucionalidad es el tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, pero hago ver que también tiene la facultad de actuar como Tribunal Extraordinario de Amparo.

También considero importante recordar que la CC está integrada por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes. Los titulares son electos por: 1) el pleno de la Corte Suprema de Justicia —Neftalí Aldana—, 2) por el pleno del Congreso de la República —Gloria Porras—, 3) por la Presidencia de la República —Dina Ochoa—, 4) por el Consejo Superior Universitario de la Usac —Francisco de Mata— y 5) por el Colegio de Abogados y Notarios —Bonerge Mejía, actual presidente de la CC—. Los suplentes se eligen de la misma manera. En el mismo orden, los nombres son: 1) vacante —era la actual fiscal general—, 2) María de los Ángeles Araujo, 3) Henry Comte, 4) Mynor Par y 5) María Cristina Fernández.

La CC actual fue electa en el 2016, el año político donde, en mi opinión, es donde hay que revisar el resultado de las decisiones y presiones políticas que han afectado la estabilidad económica y social del país. En el 2019 vivimos un estancamiento económico, en parte por razones de economía internacional, pero también producto de los eventos ya conocidos como la judicialización de la política y la politización de la justicia.

Si revisamos cuidadosamente sentencias de la actual CC —que por cierto, termina en mayo del 2021—, vemos que la gran mayoría de sentencias que han afectado la inversión han sido por voto dividido. En sentencias que les corresponden a los cinco titulares, es notorio que votan juntos Gloria Porras, Francisco de Mata y Bonerge Mejía. A través de redes sociales, principalmente, y a veces por medios de comunicación, la percepción que ha dado es que han sido sentencias políticas y no jurídicas, y hay muchos que anotan que hay sesgos ideológicos en esas decisiones.

Esta semana, la CC tiene la oportunidad de sentenciar jurídicamente y no políticamente, solo que en esta ocasión, entiendo que los casos de Zury Ríos —hoy lunes 13— y de Thelma Aldana, Sandra Torres y Mauricio Radford —miércoles 15— el Tribunal lo conforman siete, y no cinco. Cada caso es distinto, pero entiendo que hay suficiente jurisprudencia con respecto a cada tema. La única forma de que, en mi opinión, la CC recupere credibilidad ante muchos es que actúe con objetividad, ética y transparencia.

Guatemala necesita rescatar el deteriorado proceso electoral –atípico— para que el 16 de junio elijamos las autoridades que nos gobernarán de 2020 a 2024. Guatemala tiene todo para poder avanzar y así desarrollar el país, pero es necesario darle al país y al mundo el sustento constitucional, base para poder vivir bajo el imperio de la ley.

La única presión que deben tener los Magistrados es la de la ciudadanía que requiere de un estado de derecho como base de la seguridad jurídica y estará en ellos la sabiduría de tomar su decisión apegado a derecho. Con franqueza no veo como en algo tan importante y con abundante jurisprudencia vaya a haber votación dividida.

Habiendo resuelto esta semana la CC ya podremos decidir cada uno por quienes votar. Guatemala necesita de sus mejores hombres y mujeres en el servicio público para que en este país donde el 93% del PIB lo aporta la empresarialidad —de todo tamaño de negocio—, juntos sector público y sector privado, podamos avanzar, formalizar el empleo, formalizar la economía, tributar más –todos— como porcentaje del PIB y vivir en paz.

Toca revisar, a partir del 16 de mayo, que propone cada binomio tanto en su plan de gobierno como quienes serían los que lo implemente –el equipo—.