Civitas
El poder de los poderes
¿Qué es mejor, que el Ejecutivo o el Legislativo tengan mayor poder?
Se acaba de cumplir el primer mes del gobierno de Bernardo Arévalo. Para algunos, al llegar a la presidencia Arévalo tendría a su disposición un gran poder para cambiar muchas estructuras y poner en marcha sus planes, mientras que otros eran más escépticos de qué tanto podría hacer desde el Ejecutivo. Este debate nacional ejemplifica uno que lleva mucho tiempo en el estudio de la Ciencia Política en Latinoamérica: qué tanto poder tienen los presidentes en la región y si es posible que gobiernen con o a pesar del Legislativo.
Cuando hablamos del sistema de gobierno presidencial es preciso regresar a sus orígenes. Este modelo viene de Estados Unidos y representó una manera de garantizar el principio “e pluribus unum” de ese experimento político exitoso de hace unos siglos. Su presidencialismo fue resultado de su conformación social, la teoría de separación de poderes y el federalismo que idearon. Esto fue inspiración para las recién nacidas repúblicas al sur que decidieron también adoptar el presidencialismo a pesar de tener condiciones sociopolíticas distintas. El toque latinoamericano fue reforzar el rol del presidente y crear sistemas constitucionales influenciados también por la Constitución de Cádiz y autores franceses. Así, en la mayoría de los países el arreglo constitucional histórico se ha balanceado a empoderar al Ejecutivo.
Ese presidencialismo fuerte se ve en cómo los presidentes hacen valer sus planes de gobierno, dirigen el rumbo de los países y son las figuras focales de la política nacional. Si bien hay presidentes en Latinoamérica que demuestran su poder a partir de decretos, su capacidad de veto o de ejercer la jefatura del Estado (como Milei en Argentina, con su decreto de 300 medidas para desregular la economía), hay otros que al margen de las reglas constitucionales degeneraron el modelo hacia el hiperpresidencialismo que rompe con el balance de los poderes (tal es el caso de Bukele en el Salvador para conseguir su reelección siguiendo el ejemplo de Ortega).
Por el marco constitucional y las responsabilidades que se le asignan, el poder se balancea hacia el Legislativo, no al Ejecutivo.
Aunque estos escenarios son la realidad de los sistemas en otros países, Guatemala no encaja del todo. Si bien el Ejecutivo tiene amplias facultades y es a la vez el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, tiene las manos atadas en muchos asuntos si no cuenta con el apoyo del Legislativo. Por ejemplo, las políticas públicas en el país son débiles y hay una rara noción de que nacen de legislación, por eso es innegable que la producción de estas tiende a venir de iniciativas de ley para forzar su cumplimiento o asignación presupuestaria. De ahí que el Ejecutivo deba acudir al Legislativo constantemente.
A menos que un presidente quiera gobernar a punta de decretos y estados de excepción, lo cual tiende a abusos del poder, el Ejecutivo en Guatemala busca respaldo en el Legislativo con una bancada grande o una coalición mayoritaria para pasar leyes y, más importante, aprobar el presupuesto de la nación. Por el marco constitucional y las responsabilidades que se le asignan, el poder se balancea hacia el Legislativo, no al Ejecutivo. Quizá acá aplica lo que decía Giovanni Sartori en una de sus reflexiones sobre ingeniería constitucional, “cuando los presidentes latinoamericanos han respetado la constitución, se han mostrado generalmente ineptos”.
¿Qué es mejor, que el Ejecutivo o el Legislativo tengan mayor poder? Esta es una dicotomía muy tramposa. Pienso que ninguno es preferible y “para que la libertad quede a salvo es preciso que el poder esté dividido, de manera que el poder limite el poder (le pouvoir arrette le pouvoir)”, como decía Montesquieu. Esta debe ser la guía para que, en equilibrio, los poderes del Estado cumplan con el mandato de garantizar la vida, la libertad y la seguridad de la población.
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