En 2015, un informe de Cicig puso de manifiesto que “las élites empresariales”, junto con financistas individuales, aportaban el 25% del dinero para las campañas electorales. El otro 75% se distribuía entre el crimen organizado, el narcotráfico y apropiaciones que los políticos hacían, de diferentes formas, de las arcas públicas. El tiempo transcurrido desde entonces ha cambiado los porcentajes, y es fácil intuir que el financiamiento político actual se sustenta en comisiones obtenidas de contratos del Estado, del narcotráfico y del crimen organizado. Al sector privado tradicional simplemente lo han sacado de la ecuación, y tiene su explicación.

La delincuencia organizada no necesita acción sino indiferencia. Es decir, no requieren de leyes o arreglos de cualquier tipo, que es lo que la “voz popular” dice que reclaman algunos financistas. Aquellos necesitan una policía y una justicia que cierre los ojos, no haga detenciones y las acusaciones desaparezcan de los juzgados, pero ninguna acción positiva a su favor. De esa cuenta es más cómodo para un gobierno recibir dinero por ser inactivo a ser financiado por quienes reclaman algún tipo de privilegio, que seguramente obliga a pactar con otros y genera más desgaste. Actualmente se observa esa situación, de ahí la preocupación manifestada en redes sociales por diversas autoridades norteamericanas, porque ello afecta a su agenda de seguridad nacional.

El líder del partido UCN —ahora cancelado— condenado por narcotráfico en Estados Unidos, dos hermanos de diputados del mismo partido capturados por idénticos delitos, otro legislador sancionado por narcoactividad en 2015 en USA está al frente de comisión de Defensa del Congreso y muchos más pendientes de antejuicios congelados o señalados de graves delitos, amén de un etcétera más que conocido, evidencia lo dicho. A lo anterior, súmele las instituciones cedidas a partidos políticos y diputados como pago de favores, como el Insimuveh al partido Prosperidad Ciudadana y concretamente al diputado García Silva o los contratos de familiares, amigos e hijos de otros diputados en diferentes lugares. Un reparto de plazas públicas como pago de favores —habidos o por recibir— y que no requiere de empresarios financistas. Esta situación solo conduce a tres lugares: un narcoestado, una revolución o un cambio traumático —económico e ideológico, especialmente— que puede llegar y que seguramente radicalizará determinadas cuestiones ¡Ah, y no hay de otra!, no sigamos apostando por un salvador inexistente o por un estatus quo que se quedó rezagado en esta marcha veloz hacia no se sabe muy bien dónde.

El sector privado tiene la oportunidad —y el deber— de recuperar un tradicional papel en el liderazgo perdido, tanto en incidencia política como social. Es necesario, eso sí, elaborar una agenda novedosa que incluya ciertos temas con propuestas concretas y viables: la reforma al sector justicia, la fiscalidad, el desarrollo social y especialmente la lucha contra la corrupción, y tiene que presentarse de forma diferente a como se ha venido haciendo, además de contundentemente. Es preciso salir del discurso tradicional y ponderado, y comprometerse más con ciertas dinámicas que van a una velocidad mayor que las reacciones formales. No hacerlo significará, en el corto plazo, perder la oportunidad, quedar rezagado, asumir el costo que ello supondrá y tener que reorganizarse en peores condiciones que las actuales, además de otras cuestiones no menores.

La inacción es incompatible con el ejercicio de mando, y aquel que desea incidir —y tiene la obligación de hacerlo— no puede callar o guardar silencio que pueda interpretarse —con razón o sin ella— como cómplice o apático, especialmente en un más que evidente cambio de época.