El próximo domingo los salvadoreños elegirán, entre cuatro candidatos, a la persona que gobernará entre 2019 y 2024, en un contexto social, económico y fiscal muy complejo. El Salvador es el país de Centroamérica que menos ha crecido durante este siglo, con una tasa promedio de 2% anual, muy lejana de la media del Istmo (3.8%).

El modelo económico neoliberal impuesto principalmente durante los gobiernos derechistas de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en sus veinte años de ejercer el poder (de 1989 a 2009), ha provocado la dolarización y la ralentización económica, la privatización de la seguridad social, la apertura comercial sin políticas de innovación del sector productivo, la corrupción, el aumento de la desigualdad social como fruto de la reducción de impuestos progresivos y la baja cobertura y calidad de los servicios públicos. Asimismo, ha provocado una migración significativa: cerca de 3.1 millones de salvadoreños viven en el exterior, enviando recursos (en 2018, USD5.5 millardos) que ayudan a las familias y dan respiro al exhausto modelo económico a costa de la desintegración familiar.

Este continuado desequilibrio social y económico ha inducido a una mayor inseguridad y violencia: en 2018 se registraron 3,340 homicidios (51 muertes por cada cien mil habitantes), la mayoría atribuidos a las pandillas, que suman más de 70,000 miembros. El Estudio La nueva cara de las pandillas callejeras: El fenómeno de las pandillas en El Salvador, permite construir el perfil del marero promedio: jóvenes que abandonaron la escuela antes de los 16 años. El 70% proviene de hogares disfuncionales, con un ingreso mensual de menos de USD250 mensuales, y casi la mitad reconoció haber huido de su hogar antes de los 15 años, debido a la violencia doméstica y los problemas familiares.

Los mareros —también los de Guatemala y Honduras— resumen el resultado de un Estado en el que se ha prostituido lo público en favor de los negocios de algunos, desatendiendo los problemas que aquejan a la mayoría. En una evaluación realizada a la gestión del actual presidente, Salvador Sánchez (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN), se documentan caídas en la cobertura de vacunación y en las tasas de matriculación neta en la educación primaria y segundaria, como resultado de reducciones presupuestarias. El gobierno saliente, que no cambió las bases neoliberales, deja un presupuesto público social más bajo, en términos del PIB, de lo que se asignaba en 2013, al tiempo que la deuda pública ronda el 70% del PIB.

Encuestas anticipan que Nayib Bukele (Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana) será el próximo presidente de El Salvador. Con más del 50% de aceptación, Bukele romperá un bipartidismo (Arena—FMLN) oxidado por el ejercicio del poder y los intereses personales de sus caudillos pero que mantendrá hasta el 2021 la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Operar en este contexto obligará a Bukele a fomentar una ciudadanía que ejerza presión sobre la oposición, lo que logrará en la medida en que su plan de gobierno atienda las exigencias de la mayoría —empleo, seguridad, probidad, garantía de derechos sociales, en particular de las mujeres—, respete la institucionalidad democrática, tolere la crítica y logre un acuerdo fiscal de gran calado que fortalezca la administración pública, con más recursos y mejores capacidades.

En síntesis, los próximos cinco años pueden ser de avances si Bukele honra la confianza ciudadana y si el FMLN y Arena descartan sus viejas prácticas y ejercen una oposición madura y democrática.