Conforme pasan los días, los efectos negativos de los increíbles errores del actual Tribunal Supremo Electoral se afianzan y multiplican. Todos los analistas serios del país coinciden en señalar a esa institución como la culpable, pero hay diferencias en un tema crucial: la acusación de fraude. A mi juicio no lo hubo ni hay motivo para afirmarlo, pero ello no aleja la posibilidad muy real de haber tomado decisiones no solo discutibles sino sospechosamente malintencionadas, no solo del TSE, sino de otras instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio Público, encabezado por una señora evidentemente relacionada con algunos de los sectores políticos más oscuros del pasado.

La candidatura de Sandra Torres fue posible porque el MP, especialmente su presidenta, esperó el tiempo necesario para tomar una decisión un día después de ser inútil porque ya tenía inmunidad. Esa burla, a mi criterio, solo se puede explicar porque esta aspirante fuera en realidad la candidata oficial del gobierno, luego de transacciones oscuras. Galdámez y Marroquín fueron utilizados como señuelos. Para cualquiera era evidente no solo su incapacidad personal, sino la de convencer a los votantes para emitir sus sufragios favorables. La estrategia tuvo lógica perversa: desviar la atención de los ciudadanos. No es de extrañar el apoyo de la UNE y de Vamos a los resultados, porque evidentemente benefician a Torres y a Giammattei, beneficiado por estas maniobras,

Los dirigentes del TSE necesitan realizar el conteo en el menor tiempo posible, y luego pensar seriamente en la posibilidad de dejar sus cargos. Simplemente no dieron la talla. Lo ocurrido afecta la institucionalidad, causa desconfianza popular, debilita la credibilidad de una institución respetada por todos, en especial en sus primeros períodos. Por su parte, Jimmy Morales no desaprovecha la oportunidad para hincar el diente contra un ente político-jurídico (no jurídico-político) necesitado de recuperar la confianza ciudadana. Se encuentra ante una situación inesperada, imposible de prever, porque se insistió en romper, de hecho, las normas regidoras de los comicios. Debido a ello debería ser tomada la decisión de emprender medidas sin precedentes.

En un comunicado emitido ayer, el excandidato Edmond Mulet pidió muy en serio la anulación de estas elecciones. Nunca se había pensado siquiera en esa posibilidad, pero tampoco nunca se había creado un maremágnum como el actual. Se debe salvar la institucionalidad del país, y entonces ante la evidente carencia de artículos aplicables en las leyes, solo se puede salvar al proceso político del país tomando decisiones como puede ser lo exigido por el excandidato. La decisión debe ser de ética jurídica y no a la letra muerta de la ley, una posibilidad dificultada o incluso imposibilitada si se decide por quienes solo piensan como abogados o políticos, no como estadistas. Como se sabe, estos últimos no piensan en las siguientes elecciones, sino en las próximas generaciones.

Hay tiempo suficiente para esa repetición. Podría hacerse en un mes, y quedarían cinco meses y medio para la segunda vuelta. Podría también impedir la participación de los minigrupos con súper-minirresultados. La impresión de las papeletas toma dos semanas, o algo así. A mi parecer, quienes ocuparon los tres primeros lugares tienen mayores posibilidades. No hacer algo verdaderamente novedoso, sin precedentes, tendrá como resultado nuevos riesgos, sobre todo en la integración del Congreso, del cual dependerían cambios cuya consecuencia sería terminar no solo con lo poco de nuestra democracia, sino con la confianza popular acerca de la viabilidad real de esta forma de gobierno, en una época donde las nuevas dictaduras llegan por medio de los votos.