Lo ocurrido en el Congreso el martes derribó el velo tras el cual se escondían las verdaderas intenciones del gobierno, dejándolo desnudo e incapaz de cubrirse. Ya era ominosa la posibilidad de elegir a una Corte Suprema de Justicia convertida en guarida de gente oscura dispuesta a seguir rompiendo y retorciendo las leyes del país. Ahora está claro: la repugnante estrategia consiste en atrasar lo más posible su integración, en espera del fin del período de la debilitada Corte de Constitucionalidad, para maniatarla con lacayos similares y así cerrar el círculo de la captura del Estado. Es perturbador el descaro de los planes y el desprecio por la historia y por el nombre heredado a sus descendientes, víctimas inocentes de esas actitudes inmorales y sin ética.

Este tortuguismo intentan justificarlo con verdades, como la necesidad de votaciones a viva voz y uno por uno de los candidatos. Pese a la crisis a causa del coronavirus, el pacto de corruptos no descansa para lograr su meta de destruir la institucionalidad y la misma esencia del país, Para lograrlo se necesita no solo la participación, sino el liderazgo del Ejecutivo, cuya miopía histórica es aplastante e increíble. En apenas solo 178 días, el 12.1% del período, ya es claro el significado de su promesa de hacer una Guatemala diferente, pero distinta por ser peor. Da horror: no puede haber confianza porque la CC se integra con candidatos propuestos por la Corte Suprema, el Colegio de Abogados, el Consejo Superior de la Usac, el Congreso y el Ejecutivo, entidades cuestionables.

El peligro sigue: los sugeridos —y también fuera de lugar— cambios a la Constitución, otro engendro, significarían la integración de la CSJ con tres magistrados designados por la presidencia; tres por el Colegio de Abogados, tres por los magistrados de las salas, tres por el Congreso, y tres por los decanos de Derecho de la Usac y de seis universidades privadas. (Aquí el riesgo lo dan las universidades “de garaje” creadas para lograr representaciones en asuntos como este). Un problema adicional tan terrible como esto radica en el desconocimiento y desinterés de la mayoría poblacional de Guatemala, por ello incapaz de analizar todas estas corrientes de politiquerismo en su máxima expresión. Se entiende entonces por qué planificar una reforma constitucional.

El aparentemente sutil, inocente e inocuo cambio para subir a 10 años el período de las cortes, así como la posibilidad de permitir la reelección sin límite, esconden el riesgo de más tiempo de puñaladas a la institucionalidad del país. Pueden ser aceptables en teoría, pero en la práctica benefician a los captores del Estado. La concatenación de todas estas “mañosidades”, como decimos en Guatemala, afianzan la sospecha de un plan todavía más siniestro, o sea infeliz, funesto, aciago, avieso y malintencionado. Facilitar la llegada al mando político nacional de una dictadura al estilo de Chávez-Maduro-Ortega. Mientras esto llega a suceder, sigue navegando a toda vela el fantasmal barco de la corrupción, mantenida y continuada a todos los niveles.

Descubrir las verdaderas causas de las acciones de las élites políticas se facilita con solo pensar cuál de las opciones es la peor para el país. Es triste, pero ya no se puede evitar convencerse de la cercanía de la ingobernabilidad y de la muerte ya oficial del Estado de Derecho. Otro ejemplo es la innombrable decisión del Tribunal Supremo Electoral de permitirle a Sandra Torres regresar al campo político. Está afianzada una “ética” innoble: lo bueno es malo y tonto; lo malo, bueno y brillante. Es una nueva normalidad grotesca y terminará de hundir a Guatemala, al volver lenta o eliminar la llegada de la nueva normalidad necesaria en todo el mundo como consecuencia de los cambios sociales y económicos de todo tipo provocados por el coronavirus.