Una de las medidas políticas más incomprendidas que van contra el bienestar de los ciudadanos ha sido la de imponer impuestos de importación; es decir, aranceles o derechos arancelarios. La mayoría de los economistas concuerdan en que el comercio sin restricciones ha incrementado el nivel de vida del mundo entero. Entonces, ¿por qué seguimos manteniendo medidas empobrecedoras como los derechos arancelarios?

La razón radica en el cabildeo tan fuerte que en todos los países han hecho grupos de presión, tanto ciertos productores como sindicatos de trabajadores de esos sectores. Los derechos arancelarios les han servido para proteger esas empresas y sus puestos de trabajo. De lo contrario tendrían que ser más eficientes, y si no lo logran tendrían que cerrar. Pero ¿se justifica que estos puestos de trabajo y esas empresas sigan siendo subsidiadas por el resto de la población? Definitivamente no. La población se beneficiaría mucho más si pudiera conseguir esos productos a precios más baratos de donde fuera. Es una forma de incrementar sus ingresos reales y, por consiguiente, su nivel de vida.

¿Qué pasaría con esas empresas que no logren competir? Quebrarían, pero eso significa que el capital remanente se podría trasladar a otros sectores productivos en donde sí se tenga una ventaja competitiva y comparativa. No podemos ignorar el gran legado que nos dejó Adam Smith, el padre de la economía Moderna, al referirse a la especialización del trabajo y que fue complementado y ampliado por David Ricardo en relación con la ley de ventajas comparativas, que más tarde Ludwig von Mises llamaría Ley de Asociación. Los trabajadores de esas empresas quedarían sin sus empleos, pero pronto conseguirían otros, debido a las nuevas empresas que surgirían en sectores que aún ignoramos cuáles serían. El tipo de cambio tendería a depreciarse, dado que la mayor demanda por productos importados también significaría una mayor demanda de dólares. Los exportadores verían así, en un mercado libre y sin intervención, cómo sus dólares se convertirían en más cantidad de quetzales.

El año pasado, el Gobierno recibió por concepto de derechos arancelarios de importación la cantidad de Q2,487.4 millones.
No sería una pérdida importante en comparación con todos los beneficios que generaría su eliminación. No tengo el dato del costo de recaudar dicha cantidad por parte de Aduanas, pero todo ese dinero quedaría en manos de los ciudadanos que ya no tendrían que pagar más por esos productos. Es un incremento real a sus ingresos. Otros costos disminuirían liberando recursos para que el Gobierno pueda invertirlos en seguridad y justicia, costos como el de todo el personal de aduanas que calculan con enorme discrecionalidad y arbitrariedad los aranceles que pagará cada producto. Disminuiría la enorme corrupción que es histórica y endémica de nuestras aduanas. El costo financiero, de almacenaje y el deterioro de la mercadería por tener los contenedores más días en el puerto también disminuirían, y sería de gran beneficio para las empresas, y sobre todo para los consumidores de los productos que fabrican.

¿Por qué no aprendemos y hacemos lo que ha funcionado en otros países que han logrado un más rápido crecimiento económico? Una de las medidas más importantes de esos países que se desarrollaron rápidamente fue la eliminación de los derechos arancelarios y muchas de las barreras no arancelarias también. Este gobierno podría lograr una reactivación sin precedentes con una apertura unilateral y sin barreras a todos los productos que el resto del mundo hace con mayor eficiencia y menor costo que nosotros.