El polemizado arresto del Sr. Solórzano Foppa promueve un importante debate silenciado hasta ese momento. El MP señaló —caso Política y Falsedad— a 15 personas de las que siete fueron detenidas, tema soslayado en redes porque únicamente se habló de la detención del primero. La mayoría de los comentarios se centraron en el vehículo sin placas que intervino en el operativo, y se banalizó la acusación con “un fallecido incluido en el acta”, sin explicar que el señalamiento —por demostrar a la fecha— es por tres delitos, entre ellos asociación ilícita y falsedad ideológica.

Cicig/MP nos acostumbraron —en un país polarizado y alterado— a presentar públicamente a quienes acusaban, sin haber tenido un juicio previo ni hecho uso de su derecho de defensa. Entendían perfectamente que la opinión publicada hacía su parte de “justicia” y se cebaban inmisericordemente con aquellos que acusaban y “juzgaban” en el mismo acto. Los presuntos delincuentes, convertidos en “reos”, no tenían muchas salidas porque el “juicio mediático” concluía instantáneamente con su culpabilidad, y para mayor dramatismo se allanaban sus domicilios como procedimiento habitual y se enviaban a prisión preventiva con inusual diligencia. De 2017 a 2020 el número de presos preventivos se incrementó en un 42%, y la muchedumbre se regocijaba y aplaudía, sin que recuerde indignación de políticos norteamericanos, como ahora ocurre.

Aquella cultura de tener que demostrar la inocencia en lugar de probar la culpabilidad destrozó el poco estado de Derecho que se presumía, y aunque sirvió para que mucho malandrín fuese condenado, se cometieron grandes errores que ahora pagamos con creces. El sistema ha hecho con esos 15 sindicados lo de siempre: detenerlos sin citarlos y encarcelarlos sin considerar condiciones legales. Se ahorraron, en todo caso, el linchamiento público y mediático, porque el procedimiento de este MP prescinde de aquel ludibrio. En época de Cicig, hubo casos que no se judicializaron porque podían extraditar ágilmente al detenido que solicitaban desde el norte, sirviendo deseos políticos pero saltando trancas judiciales “porque interesaba”. La justicia se usó como herramienta política y así nos luce ahora. Hicieron coincidir hábilmente tiempos políticos y jurídicos, y todo quedó embarrado. De aquellos vientos llegan estas tempestades, porque el país no está preparado para debatir seriamente sobre un sistema de justicia objetivo. Cada grupo —o grupitos, porque hay demasiados— busca designar a sus amigos como jueces para que direccionen investigaciones o resuelvan clavos. La extrema izquierda sigue con el genocidio y el conflicto armado, mientras sus homólogos radicales de la derecha prefieren defender la impunidad de algunos mafiosos. En medio, muchos ciudadanos atrapados en esta sociedad emotiva apuestan más por la persona que por el proceso; por la justicia selectiva hacia quienes admiran o repudian que por aplicar la generalidad de la ley, y rivalizan en redes sociales con sus peculiares comentarios.

En otra parte, un contubernio de “exiliados” que persigue imponer su agenda político-jurídico-ideológica, encontraron aliados en los Estados Unidos —al igual que hace unos años los hallaron otros— mientras aquí se lucha para que eso no ocurra, pero de similar manera a como lo hacen aquellos. Definitivamente no hay solución por esa vía impregnada de ideología que permea todo nuestro ser social. Como ya peino canas —aunque no consigo vacunarme— observo y concluyo que tenemos incorporado el virus de nuestra propia destrucción. He aprendido a desoír a quienes proclaman que quieren justicia o dicen luchar por los DD. HH., porque lo que desean realmente es imponer su criterio, con o sin ayuda de los USA o de cierta cooperación que terminan normalmente siendo parte del problema y no de la solución.