El modelo de democracia representativa se sustenta en la elección de funcionarios que representen a sus electores. De esa cuenta, los votantes —que deberán ser los más posibles— eligen a diferentes delegados que serán quienes gestionen la vida pública en nombre de aquellos. Viene la reflexión a propósito del proceso de elección de magistrados a la CC, y a proponer un debate que se ha olvidado. Nos hemos fijado poco en lo méritos de los elegibles, demasiado en si la persona cae bien o mal o representa a uno y otro sector, y nada en la filosofía indicada sobre el concepto de democracia representativa.

Hagamos cuentas. El Colegio de Abogados tiene aproximadamente 37,000 afiliados, lo que supone el 0.22% de la población del país y el 0.45% del padrón electoral. A esos insignificantes números representativos, agréguele que en las pasadas elecciones votaron alrededor de 8 mil abogados. La conclusión es que el 0.05% de la población —abogados colegiados— elige a un magistrado titular de la CC que, teóricamente, “representa intereses”, pero dígame usted de quiénes.

Siga un proceso similar en relación con la elección que hace el Consejo Superior Universitario y concluirá que aproximadamente el 0.8% de la población —universitarios de la única universidad estatal— elige a otro representante titular. Así que un grupo menor al 1% de ciudadanos de este país cuenta con dos de los 5 magistrados titulares y dos de los suplentes de la CC. ¡Ahora hábleme de representación, justicia electoral y otras cuestiones similares, pero antes de que me descojone!

Sobre los otros magistrados —los designados por el presidente, el Congreso y la CSJ— podrán hacerse cuestionamientos, pero no referidos a la representatividad, porque son electos por colectivos que la tienen, aunque las formas, el modo o los procedimientos puedan ser discutidos, además de preguntarnos si deberían ser otros los electores o diferente el modelo.

Caemos, de nuevo, en algo que se debate poco: el sistema que no funciona. Seguimos pensando, contumazmente —tal y como se demuestra una vez tras otra— que las personas son esenciales en los modelos de gestión pública, cuando la experiencia demuestra que no. Un director probo al frente de una institución conseguirá seguramente buenos resultados incluso si aquella está corrompida, pero una institución con un buen diseño es posible que no pueda pervertirse por persona alguna. Ciertas teorías del institucionalismo así lo dibujan, solo hay que prestarles atención. Los ejemplos recientes en USA muestran justamente que instituciones bien diseñadas, independiente de quienes las presidan, terminan siendo más eficaces que a la inversa.

Aquí, cabizbajos y desorientados —es decir, como siempre— perdemos el tiempo cada cuatro o cinco años en analizar a personas, como si la cabeza no nos diera para debatir sobre el diseño institucional que, a todas luces, no es representativo y, en este caso, concentra dos quintas partes del poder en el 1% de la población: abogados y Usac. Es evidente que la CC termina defendiendo derechos, exigencias o postulados de esos colectivos —o de quienes los manejan—, que son los que finalmente ejercen ese poder constitucionalmente otorgado a una minoría que ni siquiera se representa a sí misma. Estamos como estamos porque somos como somos, y si no cambiamos seguiremos lamentándonos periódicamente por nuestra torpeza, incapacidad y desidia.

Dicho eso —que seguro no servirá para nada— seguiremos debatiendo si fulano de tal, que elegirá el presidente, o zutana, que designará la CSJ, nos caen bien o mal. ¡Y es que, a diferencia de los aguacates, no maduramos ni con el tiempo ni con el calor!