Al ingresar las palabras “encapuchados bloquean Usac” en buscadores de internet, lo primero que apareció fue “son al menos 40 personas que utilizan capucha, quienes mantienen un bloqueo total del acceso vehicular a esa casa de estudios. Cruzaron dos autobuses de transporte urbano en cada sentido de la vía”. Fue hasta el segundo párrafo que me di cuenta de que era una noticia de junio 2018, hace poco más de un año. Otra del 30 de marzo 2019 dice: “Varios encapuchados exigen a los conductores el pago de Q10 para utilizar los parqueos de la Usac”. El 14 de mayo de 2019: “Un grupo de estudiantes mantiene bloqueado el ingreso a la Usac por el lado de la avenida Petapa”. Es decir, la toma de la Usac y el bloqueo de la circulación por parte de encapuchados es un tema recurrente.

Encapuchado es sinónimo de terror y extorsión y no puede ser tolerado en una sociedad que anhela respeto y paz, menos aún por parte de estudiantes que gozan de educación superior prácticamente gratuita, financiada con recursos extraídos a los tributarios de manera coercitiva. ¿Qué puede esperarse en el futuro de jóvenes que tienen éxito extorsionando con capucha? ¿Dónde está el PDH para exigir que se respeten los derechos de los que quieren estudiar o transitar tranquilamente?

Los dirigentes estudiantiles, en esta ocasión encarnados en el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU), han tomado nuevamente las instalaciones de la Usac, impidiendo su normal funcionamiento. En su pliego de peticiones dicen “de manera respetuosa EXIGIMOS”. La extorsión violenta por parte de encapuchados no se relaciona con peticiones respetuosas. Algunos medios indicaron que “la gota que rebasó el vaso” del CEU fue la intención de que el Congreso sesionara en las instalaciones del Musac. Cabe suponer que prestar las instalaciones de la Usac para organizar cursos y seminarios promoviendo la “filosofía política” de Hugo Chávez es moralmente superior a permitir que el Congreso se reúna en el Musac.

La exigencia número cuatro del CEU es la “rescisión inmediata del convenio entre la [Usac] y la Cámara de Industria de Guatemala, donde se pretende condicionar al ejercicio de práctica supervisada para favorecer los intereses del sector privado organizado”. Sobre este tema, en un comunicado en redes sociales se refieren al sector privado como “enemigo histórico del pueblo”. Este pronunciamiento, por sí, da evidencia de que lo que es histórico es su adoctrinamiento en la cosmovisión de lucha de clases. El privilegio de hacer prácticas profesionales en empresas es una oportunidad para prepararse para una vida productiva. Los dirigentes estudiantiles lo ven como una amenaza, actitud congruente con el entendimiento de la historia y la sociedad como una eterna tensión entre dominadores y dominados, explotadores y explotados, donde ellos, pobres estudiantes, son víctimas. Imbuidos del fervor revolucionario de la juventud y del adoctrinamiento ideológico del que son objeto, creen que su “causa” urgente les permite atropellar los derechos de los demás, actitud típica del dirigismo autoritario.

Si las autoridades de la Usac ceden a las exigencias estarán incurriendo en una trampa moral; premiar la mala conducta solo la alienta y asegura su continuación. Guatemala tiene que competir con el resto del mundo y no puede darse el lujo de “educar” a generaciones de jóvenes a irrespetar la propiedad, los derechos de los demás, despreciar y ver de menos a las personas productivas. Con sus acciones y ocupaciones, los dirigentes estudiantiles no están salvando a Guatemala como pretenden, contribuyen a hundirla.