Sigo siendo de opinión que, en las actuales circunstancias de la vida pública de Guatemala, es indispensable que se abra un espacio de negociaciones que tienda una suerte de “puente” entre este punto del proceso y el 14 de enero próximo, que contemple una “justicia de transición” y las bases de un nuevo marco constitucional y legal para la justicia, una “nueva justicia”. Pienso que este no es un momento para escalar los conflictos existentes, para condenas públicas ni para reclamar una posición exclusiva en el pedestal de la moralidad cívica.

No niego que haya ciudadanos que merezcan que se les reconozca su integridad cívica y rectitud ética, a lo que me refiero es que, si cualquiera de los grupos, partidos o facciones enfrentados en torno al proceso electoral pretendiera erigirse en juez de las intenciones y de las conductas de todos los demás, emitiendo las condenas correspondientes, sería vano esperar que de esta crisis vaya a salir algo bueno.

Tampoco quiero dar a entender que en este proceso no haya habido acciones reprochables o que todo dé igual. El problema, me parece, es que estamos ante una “tormenta perfecta” en la que un segmento de la ciudadanía está profundamente dividido ideológicamente; otro está enfrascado en una competición por el poder estrictamente oportunista que, sin embargo, aprovecha la polarización ideológica para lo que pueda beneficiarle; y, por último, hay un segmento que, en algunos casos, víctima de extorsiones o de presiones, y en otros, ante la necesidad de navegar un ambiente político o de negocios —o ambos— caracterizado por la ilegalidad, percibe que tiene demasiado en juego como para un cambio de rumbo en la conducción de la vida pública del país de más de 90 grados.

Según percibo la situación imperante, ningún grupo o facción tiene la capacidad de imponer sus condiciones a todos los demás, si bien no me cabe duda de que, como se ha dicho reiteradamente por muchas personas y organizaciones, hay un binomio presidencial electo legal y legítimamente y hay millones de ciudadanos que, confiando en que su voto sería respetado, le han dado un mandato claro y contundente.

Algunos exigen, y con razón, que se ponga en posesión de sus cargos al presidente y vicepresidenta electos en poco más de siete semanas; empero, la “tormenta perfecta” de la que hablo arriba no concluye ahí. Es un hito muy importante en este proceso, pero no es decisivo. Los procesos de antejuicio y judiciales existentes y los que puedan venir seguirán ahí el 15 de enero y después, el tipo de oposición que en el Congreso de la República se ha articulado para la aprobación del Presupuesto y el abismo ideológico que divide a la sociedad guatemalteca también seguirán ahí, haciendo muy difícil, si no imposible, que el futuro gobierno pueda hacer algo para crear condiciones propicias para el desarrollo económico y social de Guatemala.

Es poco probable, me parece, que alguno de los dos bandos tome la iniciativa de un proceso de negociaciones. Tiene que dar el paso un tercero con suficiente credibilidad y estatura en la vida pública del Estado. Mientras más sectores –realmente, sus élites— asumieran la responsabilidad de articular ese espacio de negociaciones y de convocar a las partes, mayores probabilidades hubiera de lograr unos acuerdos básicos. Sería muy útil, creo, contar con el apoyo de mediadores profesionales, preferiblemente extranjeros, para evitar cualquier sesgo en una u otra dirección.

La sociedad y el Estado están en una encrucijada compleja y no puede exagerarse la importancia de lo que está en juego. La República de Guatemala puede salir triunfadora de una de las mayores crisis de las últimas cuatro décadas, pero también puede hundirse en uno de sus peores fracasos.