Alta Verapaz es un territorio paradisíaco, la belleza de sus paisajes inigualables, dotado con recursos naturales abundantes, con diversidad de flora y fauna como ninguna otra región, con importantes humedales que podrían ser la envidia de los áridos terrenos de otras áreas del país. Pero desde tiempos ancestrales han surgido en esta región líderes que han sido conflictivos, han irrespetado el estado de Derecho de este país y han conducido a pobladores a violar la ley para transformarlos en beneficios individuales que han causado mucho daño. Independientemente de los argumentos que se esgriman en defensa de motivos para delinquir, los pobladores deben recapacitar sobre el respeto a la propiedad, pues, como dijo Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Muchas de las comunidades han estado en conflictos constantes por este irrespeto. Varias fincas han sido invadidas sin respetar la propiedad privada.

Es común encontrar en las carreteras de este departamento, sobre todo las rurales, puestos de “asalto” disfrazados de comunitarios, exigiendo que los conductores paguen una cantidad de dinero por “pasar por el lugar”, en actitud amenazante, con machetes en mano y lazos, al obstaculizar el paso cobran por la locomoción. En Semuc Champey ha habido conflictos constantes entre comunitarios y autoridades, exigiendo el derecho al control de lugar. Lo mismo ha sucedido en las cuevas de Candelaria, donde constantemente hay pugnas entre pobladores, autoridades y un extranjero que ha aprovechado el lugar para atraer turismo. En todo caso, estos grupos han reconocido la importancia de la conservación de estos lugares. Pero lo que ha estado sucediendo en la laguna Lachuá es realmente aberrante. Esta laguna, que se conoce como “el espejo del cielo”, de forma circular, que se encuentra en medio de la selva ubicada en Cobán, Alta Verapaz, a unos kilómetros de Playa Grande, con una belleza exuberante, está siendo invadida. El Inab informó que el 10 de junio ocurrió la última invasión de 40 familias, se tienen registros de que 216 familias invasoras se han posicionado en el lugar y han puesto en peligro el ecosistema, están deforestando el bosque virgen para cultivar maíz, frijol y cardamomo, practicando también actividades de cacería, pesca y extracción de madera para construir sus casas. Incluso hay señalamientos de que están extendiendo escrituras de propiedad falsas y ventas de terrenos dentro de esta área protegida. Se calcula que cerca del 20% del territorio de esta Área Protegida está ya en manos de invasores. Los 22 guardarrecursos del lugar tienen miedo de enfrentarlos, ya que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.

Según Carlos Archila, del Inab, hay más de mil denuncias en el Ministerio Público desde que se conocieron las primeras invasiones, y expresa: “No sabemos por qué las autoridades judiciales no actúan”. Es importante que las autoridades diseñen de inmediato un plan para agilizar los procesos de desalojo y definan procedimientos abreviados para actuar de inmediato, pues no es posible que la indolencia judicial permita que siga sucediendo este tipo de atropellos al patrimonio natural de este país, ya que mientras los árboles sigan cayendo y la fauna y la flora desapareciendo, la Nación sigue languideciendo. Además del grave daño a la biodiversidad, el turismo también se ve afectado, porque este es territorio con una ausencia casi total de las autoridades, ¿Quién quiere visitar un área con conflictividad? Nadie… Las instituciones que están al resguardo de los recursos naturales deben ser apoyadas, pues no cuentan con los recursos ni con los instrumentos legales para actuar.