Las manifestaciones convocadas por diversos grupos indígenas para interrumpir el paso en carreteras, bloquear puertos y el aeropuerto internacional, no son pacíficas. Son violentamente pasivas. No se derrama sangre, pero los efectos alcanzan a miles de ciudadanos en forma directa o indirecta y abren la posibilidad de una explosión de violencia causada por personas desesperadas por sufrir efectos de cualquier clase: económicos, sociales, turísticos, de riesgo a la vida de personas necesitadas de urgente traslado a un centro asistencial, por ejemplo. La lista es enorme. Por eso, aunque haya motivos justificados, si no se quiere incrementar la ya existente indignación tampoco se les debe dar calificativos, y eso contribuye suficientemente a evitar desbordes.

Manifestar públicamente para protestar es un derecho constitucional y de ello no puede haber discusión. Pero tal idea necesariamente incluye ausencia de acciones causantes de los mencionados efectos negativos, trágicos o mortales. La simple lógica permite pensar en cuándo dejan de ser pacíficas y se convierten en violentas, aunque esa violencia sea pasiva y no provoque muertos o heridos. Está a un paso de volverse activa, muchas veces sinónimo de pillaje, y además obliga a pensar en las motivaciones reales, pero escondidas. de instarla. Dicho de otra manera, en la legitimidad de la acción o en la mala intención de quienes las promueven, aunque los participantes no se den cuenta ni lo tengan claro, precisamente por no tener las mañas y trampas de gente con maldad suprema.

Las manifestaciones provenientes de los departamentos traen numerosos participantes muy enterados de la situación actual del país y conscientes de sus peticiones o exigencias. Sin embargo, subsiste el problema de explicar el origen de los fondos para el transporte y la comida. Un serio riesgo es la filmación de videos con participantes descendiendo de camionetas extraurbanas. No reciben dinero, pero han sido llevados. Los bloqueos a las carreteras son posibles con pocas personas, y tienen efectos espectaculares y nocivos, pero no son necesariamente prueba de popularidad. Otro elemento extraño son las mujeres indígenas encabezándolos, porque el riesgo de acciones violentas oficiales se centra en ellas. Son creíbles, eso sí, los videos de vecinos manifestando en sus comunidades.

Es demasiado inocente no pensar en quién y por qué sale realmente beneficiado, y buscar posibles responsables. Al estar Giammattei abierta y literalmente involucrado en el irrespeto de la voluntad popular, necesita acciones legales para decapitar la ola de críticas. Una de esas es la restricción de garantías constitucionales, ya tan precarias y dudosas en estos momentos, pero todavía existentes en la teoría legal y política. Esa maniobra, una vez lograda por tener justificaciones legales pero intenciones ocultas, se puede repetir hasta el cansancio, como lo ha hecho Bukele en El Salvador gracias al congreso oficialista mayoritario, y este caso es el mismo de Guatemala por alianzas politiqueras de personajes vergonzantes al extremo, dispuestos a todo para no perder granjerías.

Un ejemplo de manifestaciones pacíficas fueron las del 2015 contra Pérez Molina: el parque central era barrido cuando terminaban. La infiltración de elementos violentos oficialistas para crear bochinches, provocaron su renuncia luego de varias semanas de lucha para doblegar a un régimen impopular. Pese a eso lograron su cometido. Esta vez, la obstinación de derrumbar la segunda vuelta y al ganar quien no era el escogido por el oficialismo y adláteres iniciaron burdas y burlescas maniobras ilegales causantes de convertir a Bernardo Arévalo en figura internacional y poner en la picota de nuevo a Guatemala. En el gran telón de fondo, muy visibles están la corrupción y el ansia de no soltar el poder.