Un argumento populista que pretende favorecer a los pobres consiste en que el Estado debe proporcionar ciertas seguridades consideradas como fundamentales a la población. Ejemplos de ello son la salud, la educación, pero en la medida en que una sociedad se va volviendo más rica aparecen más exigencias y el Estado añade seguros de paro, de salud, educación completamente gratuita para todos, transporte subsidiado, distribución de alimentos gratuitos, recreación y vacaciones pagadas, incremento de día de vacaciones y disminución de jornadas laborales, y muchas cosas más.

El Estado benefactor procura satisfacer esas necesidades a través de la redistribución de la riqueza. Por eso se ocupa muchísimo de la justicia distributiva, además de la conmutativa. Esto es, quitarles a los que producen y enriquecen más a la sociedad para dárselo a los que no tienen. De esta cuenta, la idea es que los impuestos sean altamente progresivos por un lado y por el otro se estudia cómo redistribuir y a quiénes todo lo recaudado. Es lo que se conoce también como ingeniería social. Al final, el Estado benefactor termina dando a la gente lo que estos ingenieros sociales han planificado y no exactamente lo que la gente demanda y pueden escoger por sí mismos para su propio bienestar. Existe una gran arrogancia en estos planificadores centrales, al creer que saben mejor que la gente lo que ellos mismos quieren. Al otorgar tantos servicios, bien o mal, y cerrar opciones privadas que compitan con ellos, disminuyen la creatividad y la aversión al riesgo que las personas deben tener en sus vidas privadas. Justamente este riesgo es fundamental para la innovación y mejora de las sociedades. La libertad se va perdiendo paso a paso con cada intervención del gobierno y la gente se vuelve dependiente del mismo. La población empieza a temer a la libertad y se siente segura con lo que el gobierno le otorga. Se vuelven mediocres dependientes de la seguridad a cambio de su libertad. Libertad para crear riqueza, producir y enriquecer a todos en la sociedad.

La palabra solidaridad se ha distorsionado por culpa del Estado benefactor. No hay tal solidaridad a base de redistribuir lo que a otros se les quita por la fuerza. La verdadera solidaridad debe ser libre y voluntaria de parte de aquellos que tienen y quieren dar parte de lo que es de ellos. Pero cuando quitas por la fuerza algo y decides dárselos a otros, lo que haces no es solidaridad, sino un robo institucionalizado. Los gobernantes de izquierda utilizan la palabra “solidaridad” a cada rato porque es muy humana y empática; sin embargo, es una hipocresía, ya que la idea es aumentar más los impuestos para recaudar más. El colmo ha sido cuando algún político brillante ha bautizado algunos impuestos con el nombre de “impuesto solidario”. La creatividad de los políticos es increíble, pero no existe tal cosa como un “impuesto solidario”, ya que esto es una contradicción de términos, pues implica coerción, ineficiencia, corrupción y pérdida de la libertad.

Si de verdad queremos ayudar a los pobres y a toda la población a mejorar su nivel de vida necesitamos salirnos del Estado de bienestar tal como está diseñado hoy en día. Subsidiariedad, descentralización y, sobre todo, libertad pueden más que la redistribución. No hay que frenar la creación de riqueza, ya que al crearse se va distribuyendo automáticamente. Más libertad y protección de la vida y la propiedad propician mayor bienestar. Seguridad y Justicia conmutativa son fundamentales. Lo contrario genera más dependencia, corrupción y pobreza.