Catalejo
Estado de calamidad necesita transparencia
La calamidad nacional es indudable, pero su combate requiere de transparencia para recibir el apoyo ciudadano.
Guatemala ya se encuentra sumergida en la Calamidad, con mayúscula. El significado aparece en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), el libro oficial de nuestro lenguaje oficial: a) “desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas” y b) persona incapaz, inútil o molesta”. A la segunda acepción se le deben agregar el adjetivo “corrupta” y un necesario neologismo, o palabra nueva: parentelera, o sea grupo de integrantes de una nefasta parentela, pretexto usado para llamarlos tanto al trabajo público, como al ejercicio privado de un mando urgido de capacidad y de experiencia. El gobierno quiere declarar un estado de calamidad, pero según el exconstituyente Aquiles Faillace, al quedar derogado hace años no procede legalmente.
Sin embargo, el diccionario permite a toda persona interesada decidir si el concepto es aplicable. Hablando solo de las vías de comunicación interna y externa, hay este tipo de Calamidad. Cualquier clase de caminos son un desastre; los socavones las parten casi de la noche a la mañana; los puentes también, y sus ingresos son arrastrados por las lluvias. La capital también sufre ahora constantes motivos para imposibilitar el transporte personal o de carga. Como más reciente ejemplo: el lunes, un socavón abrió una zanja donde un automóvil quedó trabado, y ese término (“cueva que se excava en la ladera de un cerro y se puede prolongar formando galerías subterráneas”. DLE) ya ha ingresado por la puerta grande al habla cotidiana guatemalteca.
El Estado de Calamidad, al permitir desde hace décadas adquisiciones inmediatas sin llenar requisitos, pertenece al reino de la corrupción. Pero la lentitud de los trámites burocráticos es el revés de esa medalla: afectan el decisivo factor del tiempo para actuar. Es descorazonador, como mínimo, enterarse de las acciones de los diputados, la “clica novenera”, por representar a dizque partidos politiqueros de injustificada existencia, para hacer citaciones casi siempre inútiles para autoconvencerse de estar activos cumpliendo sus obligaciones. Ayer, por ejemplo, los diputados tenían casi tres docenas de actividades
variadas, pero innecesarias para enfrentar esta calamidad nacional, ese monstruo de mil cabezas porque se presentase en todo campo.
El estado de calamidad, o como sea bautizado, no importa, tiene dos metas principales: enfrentar la realidad y basarse en la transparencia. Las acciones urgentes no significan ser realizadas a tontas y a locas, mal intencionadas y desconocidas. Tal ocultamiento es imposible a causa de la tecnología de comunicación social, aunque algunos malnacidos la utilicen para mentir o divulgar falsedades. Un factor nuevo debe ser la divulgación por donde sea posible, de mensajes para tratar de convencerlos de los efectos de sus acciones anónimas. Es un problema serio adicional la participación de personas divulgadoras de estas falsedades ya sea porque lo hacen de manera automática, sin leerlas ni analizarlas, o porque constituye parte de la estupidez humana.
Una actitud insoslayable para el gobierno es analizar sus acciones y decisiones desde la óptica de sus efectos para disminuir aún más la inicial confianza y esperanza a partir del 15 de enero, a seis meses dentro de una semana. Y para aquellos obsesionados con defender las aberraciones jurídicas actuales y la acción de quienes decidieron meterse por debajo de la puerta de la Historia y se enorgullecen porque no hacerlo implicaría algo peor: la comprobación inequívoca de falta de su total ausencia de capacidad para autocalificarse. Ello los cambiaría de malos a estúpidos, en el olvidado sentido emocional de la palabra, y por tanto más difíciles de vencer. No apoyar ni aplicar la transparencia en la adquisición de insumos urgentes, entra en esa estupidez.
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