Criterio urbano

Estado de Derecho y elección de Cortes

Juan Carlos Zapata @jczapata_s

Según el Proyecto de Justicia Mundial (WJP por sus siglas en inglés) el concepto de estado de Derecho se refiere a “un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos”. Para medirlo el WJP genera el índice de estado de Derecho, su más reciente publicación fue en marzo 2020 y en él se detallan cuatro principios: la rendición de cuentas, claridad y aplicación justa de la ley, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.

El informe evalúa a los países con base en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, crecimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Para el caso de Guatemala, nuestro país está en la posición 101 de 128 países, arriba de otras naciones de América Latina como México (104), Honduras (116), Nicaragua (118) y Venezuela (128).

La evaluación de Guatemala es de 0.45 sobre 1.00, caímos 3 posiciones respecto al año anterior. Respecto de los ocho factores, con relación al resto, nuestro país está mejor posicionado en los temas de gobierno abierto (60 de 128 países evaluados), límites al poder gubernamental (69/128 países) y derechos fundamentales (70/128 países). Sin embargo, es en aspectos sobre justicia civil donde estamos peor evaluados (121/128 países), seguido de justicia penal (118/128 países), orden y seguridad (116/128 países), Corrupción (108/128 países) y cumplimiento regulatorio (107/128 países).

Si quisiéramos profundizar en el factor donde Guatemala está peor evaluado, relacionado a justicia civil, se mide: qué tan accesible es la justicia, qué tanto se discrimina a la población a la hora de hacer justicia, corrupción en el sistema, nivel de influencia en la justicia, si existen retrasos justificados, aplicación efectiva de la justicia civil y existencia de mecanismos alternativos, imparciales y efectivos para resolver conflictos.

Un aspecto crítico para Guatemala es que las cortes de justicia civil en el país tienen procesos burocráticos eternos, que hacen que la justicia no sea pronta, ni cumplida. Veamos, para resolver una disputa comercial, según el índice Doing Business, una persona puede tardar hasta 1,402 días en obtener una resolución.

Guatemala requiere no solo fortalecer sus procesos internos dentro del sistema de justicia para lograr mayor estado de Derecho, sino mejorar su eficiencia. En este aspecto, el flujograma de justicia criminal es una excelente herramienta, para medir la eficiencia de todos los actores del sistema.

Con relación a la elección de cortes, pareciera existe un consenso entre diferentes tendencias ideológicas, sobre separar el aspecto administrativo del aspecto judicial, dentro del sistema, cambiar el marco jurídico constitucional, para garantizar un proceso de elección con base en la meritocracia, aumentar el período de los magistrados, y alternancia en el proceso.

Estos cambios por supuesto tomarán tiempo, por lo que en estos momentos críticos en el cual los Magistrados de la Corte Suprema llevan más de nueve meses en que debieron ser relevados de su mandato y se debió realizar una elección desde el año pasado, el Congreso debe acelerar el proceso de elección, tratando de escoger a las personas más idóneas y competentes, con la salvedad de que mientras no se cambie el proceso, la elección seguirá siendo una decisión política y no con base en principios técnicos.