En estos días se cumple el 21º aniversario de la reducción de los efectivos del ejército al 33% que determinaban los acuerdos de paz. La fuerza armada quedó con algo más de treinta mil soldados sin que ese número estuviera basado en estudio de necesidad, capacidad y compromisos. Los acuerdos lo fijaron arbitraria o caprichosamente; y así se hizo. Personalmente pasé la firma del documento conclusivo al entonces jefe de la Minugua y al presidente Arzú.

Desde entonces no ha habido discusión seria y pública sobre el futuro del ejército como una institución que debe asumir cometidos constituciones modificados por los Acuerdos; si la hubo no tuvo la transcendencia debida. Todas las instituciones públicas deben renovarse constantemente y los ejércitos no han escapado a esa necesidad de innovación tecnológica, organización, despliegue, procedimientos, etc. Incluso se podría afirmar que con la fuerza armada el ciudadano ha sido más exigente, ya que tras la Guerra Fría muchos pensaron que la reconversión militar —incluso la desaparición de los ejércitos— era una necesidad para reducir los gastos en defensa y seguridad. Seguimos con un despliegue militar más territorial que operativo porque no se ha perdido la fea costumbre de “vigilar al ciudadano” y porque, además —no nos engañemos—, es más rentable, especialmente en un país en el que el crimen organizado y el narco campan a sus anchas. En lo que va de año han sido procesados o arrestados varios oficiales, entre ellos dos coroneles: uno —asignado a la dirección de personal del ejército— en Petén, por hechos relacionados con el narco, y el otro acusado de blanquear dinero de la mara Salvatrucha.

Sin ejército efectivo para cumplir las misiones constitucionales, con un presupuesto mayormente gastado en personal y mantenimiento (sostenimiento), con menos del 5% para inversión, un despliegue territorial, sin medios apropiados y con parte de sus efectivos confabulados con el crimen organizado, el panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco discutible.

En ese marco, la pasada semana se agredió a una patrulla militar y fueron asesinados tres de sus integrantes y heridos otros tantos. Además de condecorar a los supervivientes, promover videos en los que los heridos relatan su versión de los hechos y declarar el estado de Sitio en la zona y alrededores, seguimos sin saber qué hacía ahí esa unidad y, sobre todo e importantísimo, por qué no fue auxiliada inmediatamente por su base, con quien debería haber tenido comunicación permanente. ¿Cómo actuó —o dejó de hacerlo— el comandante en jefe? ¿Por qué no se enviaron refuerzos aéreos o terrestres, si contamos con helicópteros y más de cien vehículos especiales J8 donados por USA para esos menesteres, aunque el secretario de la SIE quiso devolverlos? ¿Por qué una patrulla tan pequeña acometió ese desafío si los procedimientos operativos aconsejan pedir refuerzos? ¿Por qué no usaron sus armas si fueron primeramente agredidos? ¿Por qué se silencian las heridas de los lugareños hospitalizados para así conocer que tipo de armas se utilizaron en la agresión? En resumen: una operación militar pobre en planificación, ejecución, empleo de tácticas apropiadas, con silencio del mando a cargo, torpemente manejada en comunicación y en lugar de aclarar las dudas emplean operaciones de desinformación y contrainteligencia. No quiero pensar que la patrulla estaba ahí para otro propósito, aunque es una posibilidad que el estado de Sitio quizá dificulte verificar. Veintiún años después estamos peor que cuando se pedía insistentemente que se redujera el ejército del conflicto. Hay que tomarse más en serio eso de “los asuntos militares” o el naciente narcoestado guatemalteco seguirá fortaleciéndose.