Cada vez es más triste y desafiante ver como el Congreso —y otros poderes— se salta la ley con absoluta impunidad y verdulera desfachatez. El “honorable” presidente de tal organismo dejó claro de qué clase de cuero está hecho cuando —de forma privilegiada— se internó en el Centro Médico Militar por padecer covid, mientras el resto de los ciudadanos buscaban dónde ser acogidos o morían en sus casas porque no encontraban plaza en hospitales públicos. Un auténtico caradura, pero también un déspota inmoral. Alguien a quien le viene grande el cargo y la posición que ocupa, y que ejemplifica eso de que “donde acaba la ley comienza la tiranía” (William Pitt).

Debiendo saber que la constitución exige conocer dentro del plazo de tres días el estado de calamidad decretado por el Ejecutivo, busca excusas, deja de cumplir la ley y escarbar en el estercolero de la dialéctica y la impunidad jurídica. Una —otra— sinvergonzonería de esas que viene haciendo en los últimos años, desde que accediera a presidir el organismo legislativo y avergonzara a propios y extraños con su conducta. Nos acercamos a pasos agigantados a aquello de “el principio esencial del totalitarismo consiste en promulgar leyes que sean imposibles de obedecer” (Hitchens).

Estamos acostumbrándonos a vivir en un estado de ilegalidad permanente y eso es muy grave, y autodestructivo. La gobernanza del país está por los suelos porque un grupo de diputados pasivos, mediocres o delincuentes —normalmente dos de tres— coluden para dejar de observar principios legales que están suficientemente claros en las normas vigentes. No designan magistrados a la Corte Suprema, a pesar de llevar dos años en el “proceso”, o desde la mesa presidencial se imponen formas y silencio a voces disonantes que es justamente la razón de ser de la democracia. Pequeños autoritarios que creen poder hacer constantemente lo que quieren mientras se ríen de una ciudadanía crispada que terminará por justificar actos violentos porque hay demasiada sordera en esta política putrefacta.

Las normas son para cumplirse y existe una necesidad de que sean justas para todos aquellos que están sometidos a ellas. Es la idea que ha desarrollado Occidente y permeado la literatura jurídica de los países que han adoptado el modelo de democracia liberal. No puede ser que en el índice de capacidad para combatir la corrupción (2021), de 14 variables que contempla, la calificada más baja sea la referida a “procesos legislativos y de gobierno y la democracia”, y que el grupo peor puntuado sea el referido a “las instituciones políticas”, tampoco que hayamos estado cayendo desde 4.55 en 2019 a 3.84 en la actualidad.

De seguir así, es cuestión de tiempo que la agresión sea justificada ante un Estado/Gobierno incapaz de comprender la dimensión del diálogo y de no observar las normas que nos hemos dado. Algunos de los que están en la política no han leído más allá de algún folleto de esos que reparten a la salida del súper, pero, al menos, deberían atender un principio presentado por Bastiat hace tiempo: “Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto a la ley”. Ante ese dilema, es posible que no se actúe como muchos congresistas —y en especial como suele hacer el presidente de dicho organismo— y se apueste por mantener la moral. Así que a poquito que deduzca, si la borrachera de poder se lo permite, comprenderá la dimensión de adónde nos está llevando, y lo que puede venir.

¿Les suena Nicaragua, Honduras y El Salvador?, pues eso.