El Tribunal Supremo Electoral, pocas horas después de iniciarse el período presidencial de Blanca Alfaro —designada por el Congreso—, dio fin oficialmente al proceso electoral de 2023, y a causa de ello existe la certeza legal del cambio de gobierno el 14 de enero próximo, otros largos 75 días, del binomio Bernardo Arévalo-Karin Herrera. Queda entonces la duda del futuro inmediato del nuevo partido oficial, aunque no es necesario ser sagaz para sospechar su pronto desaparecimiento de la escena política, lo cual a su vez abre otra fuente de nuevas acciones derivadas de burla o interpretación estirada de la ley. La reacción de Estados Unidos ya demuestra su cansancio: anuncia retiro de visas a doce funcionarios, civiles y sus familiares, aunque no menciona nombres.

Es importante señalar el calificativo “legal”, porque en Guatemala se ha probado hasta la saciedad la diferencia entre esto y la realidad objetiva. Haber llegado a este punto no ha sido exento de problemas situados entre la interpretación antojadiza de las leyes o simplemente los intentos de romperlas. La legalidad del informe de ayer indica a los ciudadanos y también a los países extranjeros interesados un hecho claro: cualquier intento de impedir ese respeto a la voluntad popular en las urnas será ilegal en el campo foráneo y abrirá la puerta a un castigo merecido para los gobernantes pero inmerecido para el resto de guatemaltecos: nadie querrá invertir en un país donde sucede algo contrario a las afirmaciones personales de quien encabeza el organismo Ejecutivo.

Creo necesario señalar como factor fundamental a la confianza ciudadana en las afirmaciones y actuaciones de los funcionarios. Esto no se ha establecido o reestablecido en el ciudadano guatemalteco y es uno de los subproductos de la corrupción, no reducida al robo directo o indirecto en el manejo del Estado o al reparto de los puestos entre parientes, socios, amigos y demás gente cuya capacidad es dudosa, como mínimo. Otro subproducto es el temor, a veces convertido en terror, de ser alcanzado por la ley cuando es aplicada sin excepciones, compadrazgos ni presiones. Mientras, el país sigue en ebullición y a punto de desestabilizarse, por tanto con efectos graves incluso mucho después del fin de la crisis, no amainada ni con el cierre del proceso electoral.

Internamente, ante la segura cancelación de Semilla se abre la puerta a explicar cuál es la solución legal y debida con las leyes promulgadas durante este congreso y el anterior, al haber participado gente sin llenar las formalidades jurídicas, es decir los diputados semillistas. ¿Deben ser anuladas? ¿declaradas ilegales? Y respecto a las firmas falsas, se debe entonces investigar a todos los partidos, por ser secreto a voces el negocio de personas “coleccionistas de firmas”, quienes las venden, talvez las mismas, a quienes están inmersos en el largo y complicado proceso de formación, una anomalía repetida en muchas ocasiones y aceptada por el Registro de Ciudadanos, parte de una entidad político-legal cuyo sólido prestigio inicial se encuentra ahora en su nivel más bajo.

Por último, un factor fundamental para los guatemaltecos es conocer no las razones o generalizaciones, sino los nombres de quienes Estados Unidos les ha retirado la visa. Es una añeja decisión pero reviste mucha importancia para un país de su interés. Si recibe el cargo, Arévalo no gobernará al estar solo y será un caso inédito, ciertamente, en las democracias presidencialistas. Necesita acciones en apariencia poco importantes, como controlar con firmeza a su gente, declarar cuarentena de fiestas, establecer códigos de vestimenta, acercarse a diputados electos confiables y recuperar su bastión capitalino, afectado por los bloqueos y los errores de los cantones. El fin del proceso electoral anuncia una confrontación dura y, tristemente, llena de golpes bajos.