Punto de encuentro
Fuera las mafias de la Usac y el MP
Toca seguir dando la pelea contra las redes antidemocráticas y corruptas.
El 14 de mayo de 2022 en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se dio un fraude electoral que llevó a Walter Mazariegos a ocupar de manera ilegítima la rectoría de la única universidad pública del país. Las fotografías y videos que circularon en medios y redes sociales el día de la “elección” muestran la manipulación, los vicios y la represión que se desató en contra de estudiantes, profesores y electores de las planillas que competían por dirigir la casa de estudios y de quienes exigían la transparencia del proceso.
La alianza pro-impunidad continúa controlando el sistema de justicia, la Usac y el MP.
Pero el fraude no se hizo en una sola jornada, se fraguó con anticipación y tuvo una serie de episodios que rompieron con la integridad del proceso electoral universitario, empezando por la intención de inhabilitar a las y los candidatos de oposición y a sus electores; por el uso indebido de los recursos públicos para la campaña del entonces decano Mazariegos; y por el hostigamiento, presiones y amenazas a miembros del Consejo Superior Universitarios (CSU) que lo denunciaron e intentaron frenarlo.
La utilización de fuerzas de choque —con armas y bates en mano— que impidieron el ingreso al Parque de la Industria, resguardadas y apoyadas por agentes antimotines que la emprendieron con gases lacrimógenos contra estudiantes y profesores en resistencia, fue la confirmación de los vínculos entre el gobierno de Alejandro Giammattei, sus aliados del pacto de corruptos y los oscuros personajes que hoy controlan la Usac.
Lo que vino después fue la persecución judicial de estudiantes, profesores y ciudadanos que conformaron o apoyaron el movimiento de resistencia y, como se ha hecho costumbre, fue el MP de Consuelo Porras el principal instrumento de criminalización a través de la manipulación del Derecho Penal y del uso indebido del poder punitivo del Estado como arma de castigo y venganza.
Con un caso fabricado a la medida de las mafias enquistadas en la Usac (con el doble objetivo de impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera) emprendieron una cacería en contra de una treintena de personas y encarcelaron a 5 dignos sancarlistas —Eduardo Velásquez, Rodolfo Chang, Alfredo Beber, Javier De León y Martín Macario— y a Marcela Blanco, una joven excandidata a diputada por el Movimiento Semilla, a quienes luego del pago de una fianza se les otorgó arresto domiciliario.
Este caso que debió haberse sobreseído por espurio y porque no se sostiene ni con alfileres continúa su marcha. La semana pasada una sala de apelaciones ordenó que se les cambiara el delito de usurpación por el de usurpación agravada y que se embargaran sus cuentas y bienes a pesar de estar injustamente perseguidos.
Al mismo tiempo —obviamente no es casualidad— arreció al interno de la Usac la persecución en contra de 37 estudiantes, 19 profesores y 14 trabajadores universitarios. Según una denuncia presentada por un grupo de alumnos ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) (Prensa Comunitaria 1/3/24), el CSU liderado por Walter Mazariegos pretende imponerles sanciones administrativas y disciplinarias e incluso amenaza con su expulsión.
Aunque poco puede esperarse de un Procurador que se ha caracterizado por guardar silencio cómplice frente a la criminalización, hicieron bien las y los estudiantes en acudir a la institución que está llamada a defender derechos a ver si espabila y, si no, dejarla en evidencia.
Lo cierto es que la alianza pro-impunidad que fue derrotada en la elección presidencial continúa controlando el sistema de justicia, la Usac y el MP y sigue empeñada en perseguir, boicotear y castigar a quienes representan un obstáculo para sus privilegios e intereses. Por eso, toca seguir dando la pelea en contra de las redes antidemocráticas y corruptas que mantienen capturada y cooptada nuestra institucionalidad.
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