Cuando una piensa que ya no se pueden sumar más despropósitos a la ya larga lista de desatinos del actual presidente, don Jimmy Morales nos vuelve a sorprender y se supera a sí mismo.

Bastante vergüenza nos hizo pasar cuando utilizó su tiempo durante la 74 Asamblea General de la ONU, para terminar de destrozar la política exterior del país en su enfrentamiento personal con el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez, y de paso atropellar con total desparpajo al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

En aquella oportunidad un grupo de excancilleres -de diversas trayectorias y pensamientos- se pronunció advirtiendo el peligro que significa para Guatemala el aislamiento y una política hostil hacia la comunidad internacional y los organismos multilaterales, y recordó estos signos como propios de los gobiernos de autoritarios.

Pero pocas semanas pasaron de aquella embestida, que terminó de colocar la imagen internacional de Guatemala por los suelos, para que días después, durante el encuentro anual de empresarios, se despachara -otra vez- con la cuchara grande arremetiendo contra la poca institucionalidad que nos queda, la que él y su gobierno se han encargado de destartalar durante los últimos 4 años.

El ataque contra la Corte de Constitucionalidad fue de tal magnitud que, incluso, varios de los juristas más cercanos a los grupos del estatus quo tuvieron que salir a enmendarle la plana al presidente, y a sus socios en el Congreso y en el sector privado, para tratar de evitar que la regresión autoritaria que está instalada resulte irreversible. Porque hasta ellos se dan cuenta de la gravedad que supone el colapso de las instituciones, la desobediencia y los llamados a desconocer e ignorar las resoluciones del tribunal constitucional y el nefasto precedente que esto sienta en el país.

Y es que se prenden todas las alarmas cuando el presidente reitera, una y otra vez con sus acciones y con sus palabras, que él y sus aliados están dispuestos a desmantelar el estado de Derecho en nombre de intereses particulares que disfrazan como intereses de Estado.

Una vez abrieron la puerta, por ahí han entrado funcionarios y diputados -sí, también los que conforman la comisión anti Cicig- y hasta la minera CGN que sigue operando a pesar de la prohibición del tribunal constitucional aduciendo que “ellos tienen miles de operaciones” y la CC no les especificó cuáles debían suspender (Nómada, 11/10/19).

La historia de Guatemala está llena de estos episodios. Basta con recordar el golpe al gobierno democráticamente electo de Jacobo Árbenz Guzmán, la reforma constitucional de 1993 a la medida de los intereses oligárquicos o la campaña orquestada por esos mismos sectores para hacer fracasar los Acuerdos de Paz. Los ejemplos sobran.

Hoy, los signos del retroceso son evidentes y es en este marco en el que se está dando la elección de las nuevas cortes. Su objetivo es delimitar la cancha de tal forma que la nueva Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones se conformen a la medida de su impunidad. Quieren asegurarse en los próximos años una justicia controlada, bueno, aún más controlada. Y ese peligro, extendido en el tiempo, supone la debacle de la democracia y la ruta hacia el estado fallido.

Por eso es tan amplio el espectro de personalidades que se suman para señalar el riesgo en el que se encuentra el país, incluyendo voces que no se escuchan usualmente cuando de cuestionar a los sectores que detentan el poder se trata. No es una conspiración de la izquierda internacional ni de los zurdos, es una alerta de personas y sectores democráticos que desde perspectivas muy distintas pretendemos frenar esta deriva autoritaria.