Las cifras son frías y en una abrumadora mayoría de ocasiones, imposibles o muy difíciles de refutar o rechazar. Ayer, la prensa nacional publicó un informe del Centro Vance, del Colegio de Abogados de Nueva York, acerca de la lucha anticorrupción en Latinoamérica, según el cual Guatemala ocupa el puesto 16 de los 17 países analizados, con solo 3.89 puntos sobre 10. Es el último lugar en Centroamérica —no se midió a Nicaragua—. Esto se debe, indica, al desmantelamiento de entidades y persecución de quienes pueden combatirla; no existen o han sido de hecho eliminadas las leyes necesarias, no hay voluntad política y todo ello elimina cualquier esfuerzo anticorrupción. Fueron medidas la legislación, 5.5; las autoridades, 3.6, y la implementación, 2.67.

Giammattei sigue errático. Según él, Guatemala es “el último país que le queda a Estados Unidos en la región”. Puede interpretarse así, pero no toma en cuenta el desprestigio de este país si no utiliza su influencia para combatir la corrupción. Para ser coherente, debería rechazar entonces las acciones estadounidenses y de la Unión Europea en la guerra de aniquilación a Ucrania, y su incongruencia se nota con la condena a Rusia, de seguro por presión foránea, por ser un evidente aliado para la corrupción giammatteiesca. Lo prueba la compra de las vacunas rusas a precio doble, pagadas por adelantado y con cláusula de confidencialidad, además de los nefastos negocios de las mineras, incluida la famosa alfombra rellena para pagar favores ilegales.

Desde hace tiempo el plan de Giammattei es claro y ha sido denunciado y criticado públicamente. Como parte de este, ayer el Tribunal Supremo Electoral le devolvió ilegalmente a Sandra Torres el control de la UNE, con la aportación de Q300 millones a cambio de los votos de ese pseudopartido para la piñata de darle Q3,100 millones a la fuente mágica de multimillonarios súbitos relacionados con el también nefasto Ministerio de Comunicaciones. Doña Zury también fue beneficiada a cambio de votos y espera su participación electoral, en su calidad de aspirante oficialista, junto con quien hace años se declaró la “madre soltera” de la politiquería nacional, pero olvida el descenso de su aceptación en los departamentos y la falta de apoyo oficial.

La Cámara de Comercio emitió una declaración sorprendente al señalar la “evidente opacidad y poca transparencia” de la ley cínicamente bautizada como un instrumento para “fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica”, por lo cual solicita, aunque no exige, a Giammattei, vetarla. El Cacif, a diferencia, criticó el acompañamiento del embajador Popp al juzgado donde se quiere lanzar a la cuneta a la jueza Aifán, incómoda para todos los relacionados con el pacto de politiqueros, profesionales universitarios, militares y empresarios corruptos, de todas las instituciones estatales y gubernativas ahora al mando del país. Los efectos económico-sociales se notan en no haberse incrementado la inversión extranjera y la falta de repatriación de fondos.

Otros dos ejemplos: los atletas olímpicos advirtieron de las consecuencias de no cumplir con las normas e instrucciones del Comité Olímpico Internacional, a causa del ilegal remedo de elección. La posición del COI fue conocida desde el 25 de octubre y ahora la responsabilidad descansa en la oficialista CC. La aportación estatal al deporte es un botín para Miguelito con sus secuaces y no importa lo demás.
Finalmente, una carta abierta firmada por 80 psicólogos señala su indignación y firme rechazo a la contraproducente “ley pro vida”, mañosamente engavetada, pero no abolida, y sigue como una larva en espera de nacer. Los femicidios aumentaron 31% en el 2021, fueron madres 72 mil niñas y jóvenes entre 10 y 19 años, violadas en su mayor parte. Son amargas realidades.