Asistir a las elecciones es un derecho, no una obligación y por eso el ausentismo no es castigado. El votante puede ir a votar por algún aspirante y si ninguno le parece, hacerlo en blanco o nulo, es decir marcar más de una casilla o escribir en las papeletas. Estas dos últimas posibilidades no eran contadas para calcular los porcentajes de votos recibidos, pero desde hace dos elecciones los nulos tienen valor y, si superaran el 50%+1 también efectos legales ya específicos: el TSE está obligado a anular la elección y convocar a otros comicios en el plazo de un mes. Los partidos pueden repetir candidatos, pero deben convocar a nuevas asambleas y esas elecciones se realizan en un domingo de octubre. Es sumamente difícil, casi imposible, pero existe la posibilidad de esa forma de rechazo.

El voto nulo es poderoso. Si es mayoritario, causa cambios. Y si no lo es, se convierte en una sanción moral a disposición ciudadana y una prueba de su rechazo ciudadano al sistema y/o a quienes participan. En el caso del inútil Parlacen, en 2019 y superó la mitad, se convirtió en referéndum y fue mayor al de quien ocupó el primer lugar. El gobierno debió haber iniciado los trámites de salida, pero por mala fe o desidia, no se hizo. Confirmó entonces ser una oscura guarida de corruptos urgidos de lograr impunidad, y/o de parentela o amigos de los presidentes, premiados para ganar un jugoso sueldo, participar en discusiones inútiles (no hacer nada) y después descansar. La entidad ejemplifica la urgencia de una acción popular de rechazo y aunque no sea mayoritario, es mensaje claro.

La valoración del voto nulo depende de la credibilidad de las autoridades, candidatos y partidos. Si no hay motivo para dudar y se han ganado el respeto popular, votar así es criticable porque representa desinterés de participar en la vida política del país. Pero si hay dudas en su seriedad, imparcialidad e independencia, como es el caso actual, se transforma en una evidente sanción moral, sobre todo si hay temor de maniobras del TSE. La lógica popular le hace comprender la dificultad de lograr cambios por esta vía y entonces puede enviar una protesta contra todos aquellos relacionados con las elecciones. En las de 2019 llegó al 22% (casi uno de cada cinco votantes) y la aspirante con primer lugar, 21%. Es posible logar el 28% adicional necesario en esta papeleta.

Es legal y posible votar nulo en una de las cinco elecciones y una o más de las cuatro adicionales. En las municipales de provincia, no ocurre por el conocimiento popular de los aspirantes. El gobierno, preocupado, lanzó a todos sus incondicionales para desacreditar este derecho y lo más reciente fue la declaración de Léster Castellanos Rodas, un abogado con doctorado en la Venezuela bolivariana, funcionario desconocido a cargo de la Relatoría contra la Tortura, para nada relacionada con elecciones. La semana anterior se lanzó al ruedo por deseo propio u orden superior para interpretar la ley electoral, tarea exclusiva del TSE. Hizo una amenaza velada a quienes apliquen ese derecho ciudadano de rechazar a todos o no presentarse. Esto provoca más preocupaciones.

El temor oficial se debe al rechazo del voto nulo, porque implica que los ciudadanos se tomarían la molestia de ir a las urnas y votar de esa manera. Al aplicarla, esa ley permitiría la reelección –por ejemplo— en la capital de un alcalde por accidente o la elección de un alcalde “por madurez”. Si el voto nulo es mayoritario, habría menos candidatos, pues no todos tienen dinero para las asambleas y deberían hacer alianzas estilo Zury-Alvarito y dar oportunidad a los coleros. Pero gracias a trabas del TSE, la CSJ y la CC, el giammateísmo podría quedarse mientras se resuelven los indudables amparos, en un tiempo sin límites. El voto nulo, un derecho para dar poder, si no es mayoritario, sería contraproducente y abriría posibilidades nefastas. Ese es su riesgo.