Al grano
¿Hay futuro con corrupción y sin justicia?
Las instituciones del Estado no pueden ser meros instrumentos para que unos cuantos mafiosos escondidos se hagan ricos.
La reciente conferencia de prensa del presidente Arévalo y del ministro Alvarado revela una situación política e institucional gravísima. En Guatemala, la desnutrición infantil es un escándalo y las redes de corrupción actúan desde dentro de la Administración Pública.
Las instituciones del Estado no pueden ser meros instrumentos para que unos cuantos mafiosos escondidos se hagan ricos.
En la revista The Economist del 13 de julio aparece un artículo sobre la evolución del IQ que alude a los efectos, en algunos casos irreversibles, de la desnutrición infantil en el desarrollo de la inteligencia del ser humano, de tal manera que miles de niños guatemaltecos ya están condenados a un coeficiente de inteligencia por debajo de la media mundial, y mientras tanto, “la oposición” desaprueba la declaración de un estado de calamidad que, esta vez, es evidente.
Durante unas tres semanas antes de la sesión parlamentaria, la prensa, las redes sociales y las cámaras del sector privado han reconocido y deplorado la situación de calamidad tras el colapso de la autopista Palín-Escuintla, de la dársena de Puerto Quetzal y la anulación del usufructo de la terminal de contenedores y, sin embargo, “la oposición” desaprueba la declaración de estado de calamidad.
Como si eso fuera poco, según lo informado por el propio jefe del Estado y su ministro de Comunicaciones, desde la propia Dirección General de Caminos se ha boicoteado el proceso de contratación de las obras de reparación de la autopista. ¿Con qué objetivo? Para favorecer una oferta más costosa que las que se habían conseguido para las obras de urgencia nacional.
Casi al mismo tiempo se publican por este y otros medios de comunicación social reportajes sobre quiénes son los personajes que controlan a la mayoría de los integrantes de las comisiones de postulación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de otros tribunales colegiados. Aunque parezca increíble, uno de ellos integra la Corte de Constitucionalidad.
Así, las élites deben preguntarse ¿hay futuro en este país con corrupción y sin justicia? Millones de emigrantes han respondido ya a esa pregunta. No tenían en sus manos cambiar las cosas, pero ¿y las élites?
El presidente ha ordenado que se presenten las denuncias penales por los canales correspondientes, pero ¿qué significa eso? En un régimen político en el que, antes de su inicio, ya se conoce públicamente quiénes intentan influir en la postulación de magistrados no puede haber expectativas ciertas.
Un proceso político en el que “la oposición” no teme ningún reproche de los ciudadanos por bloquear opciones básicas para que la Administración enfrente una emergencia nacional notoria, sin ofrecer alguna alternativa, no es aceptable. Un proceso político en el que el éxito de “la oposición” se basa en procurar que el partido oficial fracase, aunque la economía del país se arruine, no es aceptable. Mucho menos, cuando la Administración debe enfrentar a las redes mafiosas desde dentro.
Mientras no se reformen las reglas de la Constitución sobre la postulación y elección de todos los funcionarios judiciales, este tipo de deformaciones del proceso político seguirán destruyendo el futuro de niños desnutridos, de niños sin educación, sin salud ni seguridad. Nada de esto es aceptable ni sostenible. Las instituciones del Estado no pueden ser meros instrumentos para que unos cuantos mafiosos escondidos tras cortinas de impunidad e injusticia se hagan ricos a costa de todas las personas que sufren de pobreza, enfermedad, inseguridad, injusticia e ignorancia.
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