Un tema crítico que curiosamente no ocupa titulares en los medios ni la atención en los foros de discusión es el estado de la educación pública. Como tantas otras actividades vitales al quehacer de las personas, la actividad educativa se ha visto impactada por la pandemia del covid. Al igual que todos, el sistema de educación pública se ha tenido que adaptar. Colegios privados y universidades se han adaptado con plataformas digitales, algunos con mejor capacidad de respuesta que otros. Actualmente, no es posible pronosticar cuándo y bajo qué condiciones los estudiantes podrán volver a las aulas.

El Ministerio de Educación lanzó la plataforma Mineduc Digital y el programa Aprendo en Casa, con el apoyo de Unicef y la embajada de Canadá. No se cuenta aún con datos y métricas sobre los alcances que ha tenido este programa para suplir las actividades educativas regulares del sistema de educación pública. Su éxito dependerá de muchos factores, que van desde el acceso digital hasta el ambiente en el hogar. Pronostico que los resultados serán desalentadores y este podría llegar a ser conocido como el año perdido para la educación pública, con importantes consecuencias para la salud emocional, desarrollo y futuro de la niñez más vulnerable.

Si algo requiere pensar afuera de la caja y un nuevo diseño en Guatemala es el sistema de educación pública. Es un gigante burocrático gobernado por incentivos mal alineados, capturado por los intereses de funcionarios, sindicatos y maestros. El “cliente”, estudiantes y familias, carece de poder y se ve obligado a someterse a los dictámenes de un poder centralizado y prácticamente absoluto. Un sistema que carece de competencia, en el que las decisiones se toman desde los centros de poder, la asignación de recursos no se relaciona con la eficiencia o resultados y el usuario final no tiene voto ni mecanismos para llamar a cuenta, es incapaz de evolucionar, innovar y dar un buen servicio. El sistema de educación pública es un monopolio estatal y trae consigo todo lo que ello implica.

Las principales secuelas de un monopolio estatal, especialmente si el servicio que provee es “gratuito”, son escasez, mal servicio y su captura por grupos organizados; en este caso, los sindicatos de maestros, la burocracia atrincherada, la clase política, grupos de interés y contratistas del Gobierno. Este resultado de cosas se ve especialmente acentuado por varios elementos, especialmente la carencia de la disciplina que impone la competencia y el mecanismo de pérdidas y ganancias. El mejor resultado se obtiene cuando el usuario o consumidor tiene la posibilidad de optar por lo que ofrece un competidor, factor totalmente ausente en el caso de la educación pública gratuita.

Hay una gran diferencia entre un gobierno que garantiza la educación y un gobierno que educa. Lo primero es deseable, lo segundo es peligroso. Un gobierno que educa crea los incentivos para que se organicen grupos de interés para dictar y controlar lo que se enseña, introduciendo fuertes sesgos ideológicos y políticos, como es la situación actual. Solo lea usted los libros de texto de Historia o Ciencias Sociales que se utilizan en los grados de primaria en el sistema de educación pública y comprenderá esta afirmación.

La educación pública en Guatemala solo puede progresar si se descentraliza, se introducen mecanismos de competencia en el sistema y se da poder a los padres de familia y comunidades. Los maestros y directores de escuelas tienen que rendir cuentas ante los padres de familia, no a sindicatos y funcionarios en la zona 10.