Recibí una copia del “Compromiso del Gobierno de Bernardo Arévalo con las organizaciones campesinas CUC, UCDA, UVOC y Nuevo Día”, para cumplir un compromiso de hacerlo antes de los cien días del gobierno, un documento sin duda preparado durante el lapso entre las dos vueltas electorales, a causa de la variedad de temas. No está hecho a la carrera. Al desconocerse tal compromiso, su presentación causó sorpresa. Las primeras impresiones al leerlo destacan su lenguaje abstracto, general, con poca especificación y variadas interpretaciones, siglas poco conocidas y no explicadas. Su redacción se parece a la de documentos internacionales preparados fuera (la ONU, por ejemplo) y no encaja en un concepto tácitamente esperado por la población: la transparencia, una de las promesas tácitas de la ya terminada campaña.

No se pueden comprender los alcances del acuerdo y por ello —ideologías aparte— es difícil comentarlo porque si el significado de las palabras usadas no es compartido ni conocido, abre la puerta a discusiones equivocadas, bizantinas, vanas, sin base e inútiles. Hay interés general en buscar soluciones evolutivas, no súbitas, de lo agrario, pero el texto emplea palabras sin tomar en cuenta su significado: promete responder a las reivindicaciones de las organizaciones campesinas, pero al haber tomado en cuenta solo las indígenas, quedan afuera los campesinos no-indígenas. Reivindicar significa “reclamar algo a lo que se cree tener derecho”, no “se tiene”. Por mal uso del artículo, la conflictividad agraria está “acumulada en el territorio nacional”, o sea en todo el país, y la divide en “urgente y acumulada”, términos tampoco explicados.

Otros ejemplos de frases ambiguas: Un “mecanismo de atención a crisis” de conflictividad urgente, y un “espacio político de comunicación permanente” entre el gobierno y las organizaciones campesinas, solo las indígenas, (¿discriminación? porque crea un Consejo Campesino con dos representantes de CUC, CCDA, UVOC y Nuevo Día, y una contraparte gubernativa en la Secretaría Privada de la Presidencia, para dar seguimiento a los avances, no a los retrocesos si algo sale mal. La idea de impulsar la economía campesina en actividades no-agropecuarias es correcta, pero crea confusión porque solo se ha referido a las indígenas pertenecientes a los grupos mencionados y a la región de las Verapaces, el corredor seco y el altiplano. No es el objetivo, claro, pero crea confusión.

Esto ocurre por mala asesoría. Los redactores, enamorados de su obra, por su poca visión panorámica no buscaron analistas para descubrir palabras causantes de dudas, y tampoco someterlo previamente a una lectura lingüística de conocedores de nuestro idioma común, para permitir la comprensión entre todos, incluso entre los grupos indígenas escogidos. Toda normativa, para poderle ser aplicada la Constitución y los acuerdos firmados por Guatemala, necesita ser clara, transparente. Este análisis no puede ser efectuado por los redactores, quienes por ello no pueden ver (no digo no quieren ver) posibles complicaciones y trabas de recursos legales o legalistas para obstaculizar el cumplimiento de los fines para un asunto tan diverso y complicado.

El presidente representa la unidad nacional y por efecto lógico, sus decisiones no deben provocar ninguna segura desunión. Una característica de Bernardo Arévalo —lástima— es su adhesión a esa mala moda del “lenguaje inclusivo”, innecesario, discriminatorio y con el riesgo de dejar fuera a la mujer cuando no lo use. Por su cargo, debe cumplir las reglas del idioma oficial de Guatemala. No son detalles insignificantes; ninguno lo es. La solución es simple. Redactar el documento con asesoría de conocedores del lenguaje y sus complejidades, no de activistas, políticos, diputados ni mucho menos variopintas comisiones de estilo, porque eso es la manera peculiar, propia de escritores y por ello no obligados a ser claros. Eso lo librará de problemas políticos adicionales.