El general Luis Miguel Ralda, ministro de la Defensa Nacional, empeñado en señalar como “adquisición”, no como “compra”, la negociación entre los gobiernos de Argentina y Guatemala, en su declaración del lunes resultó confesando el hecho. La razón es simple: ambas palabras significan lo mismo. Son sinónimos. En términos chapines, sería como haber afirmado tener “chuchos y perros”. Si bien él en lo personal y en su calidad de militar no tiene la obligación de conocer el lenguaje, sí la tienen quienes, en vez de sugerirle admitir el yerro, lo enviaron a perder el tiempo a causa de la “aberración periodística” de “atacar al ministro por los incultos reporteros y columnistas”. Estos dos entrecomillados pertenecen a un estimadísimo amigo, abogado de primera línea.

Recibí sus consideraciones ayer al mediodía, y la afirmación de la obligación, es decir de la calidad de vinculante del significado legal, pero esto a mi juicio y por simple lógica se refiere a la calidad de legal del significado del Diccionario de la Lengua Española, no al de un glosario propio de algún tratado. Eso no tiene relación alguna con la necesidad de tener esos aviones, ni está en contra de defender al territorio nacional de los narcotraficantes. Es asunto aparte y se puede estar de acuerdo con ello, pero no es posible intentar la justificación de esa compra calificándola de adquisición, pues es lo mismo. Usar el idioma correctamente no puede considerarse ataque a nadie, y mucho menos constituir una aberración cuando se habla de asuntos de gobierno.

Para colocar estas palabras en concepto, se deben ver las definiciones del DLE. Esta obra, preparada por la Real Academia de la Lengua Española junto con las academias respectivas de los países donde se habla español, define desde hace decenas de años a una adquisición como “comprar, adquirir por un precio”. O sea, es un sinónimo, “palabra que tiene el mismo significado” (de otra). La prensa ha sido atacada tradicionalmente por hacer mal uso del lenguaje, según sus detractores, pero por primera vez escucho el calificativo de “aberración” (grave error de entendimiento o conducta perversa) a emplear bien el idioma. Este calificativo no cabe ni en la intención de justificar errores, en vez de simplemente admitirlos. Macri usó bien el término: es venta, y por tanto es adquisición.

En vista de la confesión del ministro y de mencionarse ya el 30 de noviembre –irónicamente, día del periodista— para la llegada de los aviones, no tiene sentido y es demagógico lo dicho por Sandra Torres, quien afirma estar dispuesta a declarar lesivo el contrato de compra-venta. Existe el Diccionario Panhispánico Jurídico, el cual califica de adquisición a la acción y efecto de adquirir, sin definir el término y, por tanto —correctamente— aceptar lo expresado por el Diccionario de la Lengua Española, es decir comprar. No define solo la compra, sino la une con una acción de la venta. Estar de acuerdo con la necesidad de la compra de aviones no necesariamente significa aceptar la adquisición de estos aviones, en estas condiciones de secretividad y velocidad.

Otra vez, la ciudadanía consciente e informada por los medios de comunicación profesionales está convencida de ser este uno más de los oscuros negocios realizados por altos funcionarios de este gobierno, como tantas veces se ha hecho desde el inicio de la democracia electoral en 1986. La moraleja adicional se refiere a los terribles efectos contraproducentes a causa de tratar de explicar lo inexplicable, como es este caso. Este es un nuevo ejemplo de la lucha entre el lenguaje a secas y el lenguaje jurídico. Ciertamente se necesita un glosario de este último, pero no se debe olvidar un hecho: las definiciones del Diccionario de la Lengua Española tienen validez jurídica y son obligatorias al haber duda legal. La Academia Guatemalteca ha sido consultada a este respecto.