La Corte Suprema de Justicia, nuevamente y en conjunto con el actual Ministerio Público, da motivo para afianzar el rechazo ciudadano: decidió autorizar la reinstalación de Blanca Stalling como magistrada de la Cámara Civil. El MP, a través de Rafael Curruchiche —actual fiscal especial contra la Corrupción y nombrado por Consuelo Porras, ambas cercanas a Alejandro Giammattei— no apeló la sentencia en contra, lo cual no sorprende, pero sí causa rabia el pago de las prestaciones desde noviembre del 2014 hasta junio de 2022. Son 5.7 millones de quetzales, es decir 407,150 anuales, 33,463 mensuales y 1,116 diarios.

Blanca Stalling se mantuvo mucho tiempo en el anonimato público, pero surgió cuando un juez grabó la conversación cuando ella lo citó para pedirle favorecer con arresto domiciliario a su hijo en el caso IGSS-Pisa, y luego cuando, prófuga de la justicia luego de ser cesada de su cargo, fue capturada en una tienda donde se ocultaba con un disfraz grotesco. En los años pasados había quedado fuera de la atención ciudadana y ahora regresa convertida en millonaria. No pueden caber dudas de dos cosas: a) su culpabilidad, causante de su fuga; y b) la certeza de recibir una suma equivalente a casi 16 años de un sueldo de mil quetzales mensuales, o a 156 años de salarios mínimos del campo.

Un viejo dicho indica: “el crimen no paga”, pero la corrupción sí. Es la base para otro: “la vergüenza pasa, pero el dinero queda en casa”. Y otro expresa: “piensa mal y acertarás”. Con un sistema judicial tan corrompido, ese dinero ha servido para comprar voluntades, decisiones y veredictos. Dudarlo implica inocencia. Y el resultado adicional más importante es el rechazo de quienes tienen un asunto en la cámara civil de la CSJ, ante el riesgo de no tener fondos suficientes para lograr veredictos favorables. La suma comentada es resultado de la Ley de la Carrera Judicial, de aplicación inmediata para los compinches, pero lenta y engorrosa para quienes tienen orden de castigo.

Hasta pronto, padre Acha

Se llamaba Luis Achaerandio Zuazo, pero para los cientos de sus exalumnos y amigos era “el padre Acha”. Iba a cumplir 101 primaveras en diciembre y pasó alrededor de 40 años en Guatemala, dedicado a la educación en todo nivel, como era su convencimiento y su juramento como sacerdote jesuita muy de la vieja guardia. Conversaba con agudeza y humor, producto de una sólida preparación académica, y defendía sus criterios y convicciones con comprensión y fuerza. Reaccionó con dolor y rabia a causa de la matanza en 1989 de los jesuitas en El Salvador, donde murió su coterráneo y amigo Ignacio Ellacuría.

Por tantos años de su loable tarea por la educación nacional y centroamericana y valiosas sugerencias para mejorarla, recibió en 2013 la orden Francisco Marroquín, del gobierno guatemalteco. Fue decano de Humanidades de las universidades jesuitas del istmo y tuvo otros altos puestos académicos, además de cofundador de las universidades UCA de El Salvador y Nicaragua, del Valle de Guatemala y el doctorado honoris causa de la universidad Landívar. Por su filosofía pedagógica centrada en el estudiante, era reconocido con justicia como una autoridad pedagógica con varios libros de su autoría.

El recuerdo dejado para muchos de sus exalumnos sin duda es el de un hombre humanista y por tanto culto, pero al mismo tiempo defensor de los criterios fundamentales de la iglesia. Conozco a muchas personas a quienes ayudó cuando tenían problemas serios de cualquier clase y tenía además una actitud un poco huraña en cuanto a los halagos, por lo cual fue una agradable sorpresa cuando aceptó la orden Marroquín. Era de esas personas, cada vez de menor cantidad, para quienes cumplir con su deber no era motivo de premios. En suma, un tipazo. Ojalá lleguen al país muchos más como él…