La iniciativa de ley 6283, denominada Ley para la Protección de Obtención de Vegetales, propuesta por Guillermo Cifuentes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso, es motivo de preocupación. De protección no le veo nada, sino todo lo contrario, ya que pretende obtener derechos de las semillas de nuestro patrimonio nacional, procurando el registro, inventario y caracterización genética de las variedades vegetales existentes originarias, autóctonas o endémicas del país. De esta forma les estamos cediendo nuestras semillas a empresas multinacionales, quienes tendrán la facultad de explorar, registrar e inventariar la variedad de especies nuestras y podrán tener control sobre la composición genética de las mismas. Como si fuera poco, los pueblos originarios tendrían que pedir permiso y pagar por sus propias semillas. ¡Insólito!

¿Lo permitiremos? ¿Quién es el titular de este derecho? ¿De nuevo Monsanto? Porque tendría el derecho y autorización exclusiva de producción, reproducción, venta, exportación e importación de la variedad. La vigencia que están estableciendo es por 25 años para árboles y vides, y 20 años para las demás variedades. El titular puede otorgar licencias de explotación a terceros. Esta iniciativa de ley estipula, además, el delito de violación al derecho de obtentor, siendo aquel que se comprometa a comercializar con la variedad “protegida”.

¿Es o no el Estado el garante de nuestros derechos? ¿Quién piensa imponer esta ley que hace caso omiso de las formas de vivir de los pueblos originarios?

Esta ley 6283 es un verdadero atentado contra los pueblos indígenas, cuando batallan en un clima histórico de desnutrición sin que el Estado les garantice la seguridad y soberanía alimentaria. Si es aprobada, les afectará por el despojo de sus semillas, y su pobreza aumentará exponencialmente.

Esto es debido a que los indígenas y campesinos, por centurias, han sido los dueños y guardianes de los conocimientos ancestrales y son los que han preservado nuestras semillas y la biodiversidad de nuestro patrimonio nacional. Con esta ley se les niega la libre determinación a los pueblos indígenas sobre sus recursos. Eso sin contar la violación de los Principios de Derecho Internacional en materia ambiental, que afecta aún más. Violaría, además, normas internacionales de la protección de la diversidad biológica y convenios internacionales que se deben respetar.

En el 2014 se logró la derogatoria de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (conocida como Ley Monsanto), promovida por Mariano Rayo, pues se determinó lesiva. Luego intentaron con un reglamento que también fue dejado en suspenso por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y ahora esto? ¿Cuándo desistirán de intentar cometer este desagravio a los pueblos originarios de Guatemala y a nuestro patrimonio nacional?

Según Rodimiro Lantan, dirigente originario del pueblo xinca, “la aprobación de dicha ley constituiría para nuestros pueblos originarios un atentado a nuestras formas propias de subsistencia. Nos despoja de los medios que históricamente nos permiten afrontar los impactos del cambio climático. Esta ley representa un crimen de lesa humanidad que se asemeja a las tierras arrasadas, pues nos seguirán matando de hambre y miseria”. Y prosigue diciendo que por un Estado que no vela por ellos es que miles de guatemaltecos se ven obligados a migrar masivamente o se mueren de hambre en su propia tierra.

Por ende, hago un llamado a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso para que dé vuelta a la página y detenga enérgicamente esta iniciativa de ley que lesiona al pueblo de Guatemala.