Irrespeto al ciudadano como base para gobernar
Los funcionarios no respetan los derechos ciudadanos, y estos no los exigen. El resultado está a la vista.
La corrupción es uno de los factores descubiertos o comprendidos en su magnitud por los ciudadanos, quienes por ello empiezan lenta pero seguramente a exigir sus derechos y las obligaciones de quienes gobiernan. Pero hay un factor no tan comprendido: el irrespeto a los ciudadanos, una característica compartida por politiqueros autodenominados representantes de cualquier tipo de ideología cierta o falsa. Por desgracia, una de las características del guatemalteco es no quejarse, no expresar su criterio (o expresarlo de forma anónima, como en las redes sociales). En general, la gente no valoriza la verdadera importancia de los efectos de este irrespeto, a veces imposibles o muy caros de arreglar o causantes de problemas de todo tipo, incluyendo los económicos.
Toda autoridad electa o nombrada, actúa de esa manera. Los daños, muchas veces intangibles, se notan en sus efectos y causan sorpresa. Los peores son la pérdida de vidas humanas debido al mal estado de calles y carreteras, además de falta de señalización, pero se agregan como el costo de gasolina debido al mal estado de las calles y carreteras, o los efectos negativos debido a gastar innecesariamente mucho del valioso tiempo con la familia. Se une la incapacidad de las autoridades de cualquier clase para escoger a personas capaces. En el campo de la educación, el tiempo perdido en clases es una semilla productora de generaciones cuyo panorama laboral, por ejemplo, se reduce a convertirse en un obrero con la única posibilidad de manejar tecnología antigua cualquiera y simple.
Los derechos ciudadanos tienen prioridad sobre los individuales o de grupos sociales o económicos. Por no pensar en ese derecho, la ciudad ya colapsó.
Las autorizaciones solo explicables por descuido, incapacidad o corrupción causan muchos de estos daños. Los alcaldes, por ejemplo, a causa de una mal entendida autonomía municipal son también culpables. Un caso claro es el puente sobre el periférico destruido por un tráiler en febrero. El lunes salió el alcalde anunciando el inicio de los trabajos para sustituirlo, luego de seis meses de atraso y discusiones. Ayer, el vocero señaló en cinco meses el tiempo para la obra, lo cual sumado significa problemas serios para los vecinos. El alcalde de Mixco autorizó la construcción de unos diez edificios de apartamentos en la angosta y posiblemente colonial calle para ingresar al Club Campestre la Montaña y a las viviendas de esa área, sin conocimiento previo vecinal.
La constructora ya lo anunció, sin mencionar ese detalle, con fotos de cuántos serán los apartamentos. Quienes adquieran aumentarán en cientos la cantidad de vehículos en un camino de un ancho total de unos diez metros en los dos carriles sumados, y el tráfico de la carretera a San Juan, ya complicado, aumentará el problema de salir de esa nueva construcción. Cerca de Mixco, hace algún tiempo, fue botado todo un bosque para construir casas, colocadas a no más de dos metros de una inclinación convertida en un derrumbe esperando a suceder. Al lado del puente El Incienso hay ahora dos edificios a la orilla del barranco de la colonia Bran. En ningún caso alguien pensó en el derecho de los ciudadanos afectados por obras contrarias al criterio ecológico.
En la carretera Roosevelt, hace meses están abandonados —la razón no importa— los trabajos de la intersección con la calzada San Juan. Así, la capital guatemalteca no saldrá jamás de sus insufribles embotellamientos de tráfico. Hay un plan de una organización privada para construir edificios en los campos de la estación del tren, por cierto declarada monumento histórico hace años. La zona del centro histórico mencionado no soporta más aumento vehicular y por eso hay un grupo ciudadano tratando de impedir esa obra, o de hacer una estación de movimiento masivo de personas con colectivos, obviamente necesarios. Los derechos ciudadanos tienen prioridad sobre los individuales o de grupos sociales o económicos. Por no pensar en ese derecho, la ciudad ya colapsó.
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