A medida que avanza la regresión autoritaria, con su correspondiente degradación democrática, y que arrecian los ataques contra derechos y libertades ciudadanas, se va evidenciando que el pacto proimpunidad no tiene límites, va por todo.

Tras las acciones de los últimos meses, en las que el objetivo principal fue detener las investigaciones y los procesos judiciales contra redes corruptas y criminales, intentando por todas las vías sacudirse a la Cicig, empezó el ataque directo contra personas y sectores que han sido los baluartes de la lucha contra la impunidad. La de ayer, la de hoy, la de siempre.

Las y los fiscales y jueces independientes, que realizan su trabajo a pesar de la cooptación, y de las redes clientelares y de influencia que ahogan nuestro sistema de justicia están bajo fuego. Ya no solamente se trata de las denuncias penales —sin fundamento— que buscan les sea retirada la inmunidad para apartarlos de los casos y las judicaturas ni de las campañas de desinformación y desprestigio en su contra, o del acoso y la falta de apoyo de sus autoridades.

Ahora el objetivo es hacerlos sentir inseguros y vulnerables, aumentar la presión y acrecentar el temor sobre su seguridad y la de su familia. Lo que quieren es intimidarlos para que dejen de ser independientes, buscan que el miedo gane la partida para que avance la impunidad. Pero en lugar de quedarse en silencio o de inmovilizarse, las y los jueces valientes han hablado alto y claro.

Las denuncias realizadas por la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad revisten de una gravedad inaudita. En un comunicado y en una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestaron su preocupación por las acciones y omisiones del recién nombrado director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, que les ha puesto en peligro y ha obstaculizado su trabajo. Por eso exigen su retiro.

Y es que los ataques a la independencia judicial no solamente vulneran a los jueces, juezas y magistrados, van en contra del derecho de la ciudadanía a que se imparta la justicia de manera imparcial y a que las resoluciones se dicten apegadas a la ley y no sean producto de amenazas, coacciones o compra de voluntades.

Pero el asunto no se ha quedado ahí. También ha habido una embestida contra las y los estudiantes sancarlistas, sus legítimos representantes y quienes integran las asociaciones estudiantiles que de manera pacífica y democrática recuperaron, en el 2017, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León”, que se había convertido, desde hace tiempo, en un espacio mafioso para los negocios, la violencia y las vendettas personales.

La semana pasada, estos grupos de choque —envalentonados con el avance de sus “padrinos” del Pacto de Corruptos— intentaron desalojarlos de la sede de la AEU buscando recuperar el control y, sobre todo, el “botín perdido” que significa para ellos el manejo oscuro y clientelar de la Huelga de Dolores.

Tomando buena nota del impacto que las estrategias de desinformación generan y queriendo disfrazar de “defensa de las tradiciones” sus intereses particulares —sí, aprendieron bien de las mafias mayores— iniciaron con la arremetida, que, sin embargo, no pudieron concretar. Ahí estaban con su dignidad y su coraje intactos, las y los jóvenes estudiantes que mostrando sus rostros, porque no tienen nada que esconder, siguen dispuestos a preservar la participación estudiantil legítima y democrática en la Usac.

Jueces, juezas, fiscales y estudiantes están bajo ataque, lo están porque no se han rendido y son los baluartes en contra la impunidad.