El control de las cortes supremas comienza a ser objetivo de muchos gobiernos. En España vemos como la coalición gobernante —partido socialista y los radicales de unidas podemos— pretende suprimir la mayoría cualificada —actualmente en ley— para nombrar a los magistrados del poder judicial. La idea es reducirla a mayoría simple y así no tener que consensuar la designación con otros partidos.

En los Estados Unidos, durante el debate Pence-Harris, se pudo advertir como la candidata demócrata no contestó al señalamiento insistente del actual vicepresidente sobre la pretensión de Biden de ampliar el número de jueces en la corte suprema para, si ganan las elecciones, poder nombrar jueces y “equilibrar” lo que sienten como una desventaja respecto de los designados por los republicanos. En otros países latinoamericanos ha ocurrido algo similar. El kirchnerismo en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Bukele en El Salvador o Maduro en Venezuela, han hecho lo propio para “moldear” el poder judicial y de esa forma darle barniz legal a las tropelías que promueven. Una forma de prostituir valores democráticos y promover el autoritarismo ¿Deduce algo? Exacto: son gobiernos de izquierda o populistas.

Aquí, más modestamente, intentan hacer lo mismo “unos y otros”. Pareciera que observar la esencia de la justicia no es tan importante como quiénes nombran a los jueces y cuáles de ellos son designados. Unos hablan de jueces “contra la corrupción”, mientras otros señalan a sus oponentes porque quieren elegir “jueces ad hoc” para sus fines ideológicos. En medio de este insípido pero ideologizado debate, vemos a un magistrado de la CC cuya familia solicita que sea desligado de sus funciones por estar seriamente afectado en su salud, pero las peleas dentro de la corte llevan la discusión al plano político-judicial en perjuicio de la persona que parece no importarles a ninguno de ellos ¿Cuántas manifestaciones de grupos y personajes que se autodenominan defensores de derechos humanos ha visto o leído usted a favor del magistrado Aldana? ¡Pues eso!

La justicia ha perdido —o está perdiendo, si quiere ser más optimista— la búsqueda del equilibrio razonable, racional y justo. Lo que realmente persiguen algunos es materializar la visión personal de lo que entiende por justo, e imponerlo a la fuerza, con toda suerte de apaños, justamente lo que hicieron o intentan hacer los gobernantes antes indicados. El anulado juicio por genocidio contra Ríos Montt se sigue utilizando como un hecho consolidado, cuando fue revocado porque las prisas en alcanzar un veredicto dejaron en el camino recursos sin resolver ¿Se buscaba justicia o rapidez; determinados resultados o decisiones sostenidas en hechos comprobados; un final correcto o un final interesado?

Con las disputas en la CSJ y la CC pasa lo mismo. Al inicio se rechazó la tabla de gradación porque no se ajustó a ciertas “necesidades”. Más tarde se detuvo el proceso por intereses de otros. El resultado: todos fastidiados, y ni para adelante ni para atrás. Lo más lamentable es que la mayoría de ciudadanos, ajenos a estas pugnas, ven paralizada la actuación de la justicia por culpa del interesado pleito de unos pocos.

En conclusión: no mejoramos porque somos ciudadanos chambones. Gustamos de que otros arreglen nuestros problemas o de hacer escándalos, pero difícilmente nos implicamos —directa o indirectamente— en los problemas nacionales ¿Qué tenemos?, un sistema que se parece a nosotros: caótico, inservible, manipulado —y manipulador— y al que hay que saber como entrarle. ¿Qué queremos?, pues un “sistema de justicia” a nuestro servicio y capricho, de ahí que no salgamos del atolladero ni superemos pleitos barriobajeros.