Las estructuras político-económicas ilícitas han logrado capturar y cooptar al Estado guatemalteco para incidir en la toma de decisiones en el Ejecutivo, la elaboración de leyes, la administración de justicia, el control de la obra pública y el saqueo de los recursos presupuestarios. En esa coalición de la impunidad están desde dirigentes políticos, funcionarios públicos, militares, sindicalistas, empresarios, hasta grupos criminales, cuyos negocios oscuros se vieron amenazados por la presencia de un organismo que no pudieron controlar: la Cicig. El hecho de que el presidente Jimmy Morales negara el ingreso al país a Iván Velásquez o que ya no renovara el mandato de esa comisión dice claramente que ese experimento no falló. Al contrario dio en el clavo porque se enfrentó a mafias que se alinearon para frenar su desarticulación y mantener el estado de corrupción e impunidad en el que han amasado su riqueza mal habida.

Esta semana, la Cicig dio a conocer su informe Captura del Estado, en el que señala que esa coalición de la impunidad ha secuestrado la democracia y ha cooptado al Estado para ponerlo a su servicio. Si bien en el pasado algunas de esas estructuras competían entre sí, posteriormente se alinearon para evitar la amenaza de enfrentar la justicia. Según el referido informe, esas redes ilícitas han distorsionado la institucionalidad democrática, han moldeado el sistema político y diseñado mecanismos para ocupar posiciones de poder. El presidente Jimmy Morales cree ufano que él echó a Velásquez y a la Cicig por el poder que tiene. No, el mandatario no es más que un funcionario al servicio de los intereses de esas estructuras que financiaron y coordinaron la estrategia para acabar con la lucha anticorrupción, que en los últimos años logró la desarticulación de 70 redes del crimen organizado y llevó ante la justicia a un presidente, una vicepresidenta, varios funcionarios públicos, políticos, legisladores, jueces y empresarios.

El informe de la Cicig revela que el dinero ilícito ha estado presente en la mayoría de campañas proselitistas y proviene tanto de empresarios como de bandas criminales, incluidas las que se dedican al narcotráfico. Señala que desde el 2008 se constituyó una estructura criminal destinada a recaudar fondos de manera ilícita para el Partido Patriota. En el 2015, un grupo de empresarios organizó una operación de intervención electoral para influir en los resultados de los comicios a favor de Jimmy Morales y el FCN. Pero los perdedores de las elecciones también obtuvieron ganancias económicas. La UNE, asegura la Cicig, se benefició de un entramado de financiamiento ilícito organizado por su candidato a la vicepresidente Mario Leal, mientras que Líder fue financiado con el robo de fondos del Transurbano. Otro tanto dice del Partido Unionista que mantiene una relación parasitaria con la Municipalidad de Guatemala, de la que ha extraído en forma ilícita recursos para sus campañas.

Al analizar el impacto de las investigaciones de la Cicig se puede comprender por qué se hizo de tantos enemigos y por qué intelectuales orgánicos de la derecha más conservadora se unieron a esa conspiración. Ellos defienden el statu quo, pese a que saben muy bien que eso significa la cooptación de la justicia, el acomodamiento de las leyes al mejor postor, la existencia de un Estado patrimonialista y que la corrupción está relacionada con la falta de servicios públicos en áreas donde viven las personas sumidas en la pobreza y la pobreza extrema. Ese sistema putrefacto que ayudan a mantener no tiene nada que ver con sus ideales de una sociedad liberal, sin privilegios de ningún tipo. De ahí la trascendencia del pensamiento de Iván Velásquez de que la única forma de que cambie esta situación es con una profunda transformación del Estado.