La Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia se encuentran enfrascadas en una escaramuza con muchos participantes, aparente porque es en realidad una lucha sobre temas fundamentales para mantener las pocas migajas sobrantes del Estado de Derecho. Es muy serio porque en este momento ambas instituciones se encuentran, con toda seguridad, en su punto más bajo tanto en términos jurídicos, por su manera de decidir, como en el campo del respeto de los ciudadanos. Algunos juristas serios han hecho sugerencias para evitar el caos actual, pero estas se enfrentan al valladar de la integración de ambas entidades. En lo personal, solo considero esperanzador en la CSJ la participación de la licenciada María Eugenia Morales.

Es necesario escudriñar los lejanos motivos de esta situación. La CC desde el principio se extralimitó en sus funciones, al sobrepasar la interpretación del texto de la Carta Magna y convertirse en una súper corte, con mando sobre todo el andamiaje jurídico. Se introdujo en decisiones sobre temas ordinarios y los amparos ante esa instancia se multiplicaron exponencialmente. El resultado fueron los casos de corregirle la plana a la CSJ, algo inaceptable por derecho y por lógica simple, con el agregado de convertirse en un motivo del incremento al tortuguismo en los juicios e indirectamente de la nefasta corrupción convertida en la única manera de lograr avances para llegar a veredictos en un tiempo aceptable y sobre todo razonable.

La CC con sus fallos se colocó por encima de la ley y de sus propios fallos. En 2018 dijo que un amparo en su contra crearía el absurdo de magistrados juzgándose a sí mismos, con el agravante de no incurrir en responsabilidades por sus resoluciones, y sobre esto ya no hay amparo posible. Esta actitud es un paso hacia la dictadura. Todos los funcionarios públicos, sin excepción, tienen responsabilidad si deciden no cumplirla (y también retorcerla, agrego yo). Por eso esta última decisión de dicha corte no solo es jurídicamente nula sino además es comparable en malevolencia y mala voluntad a la de centrar en un solo juzgado los casos de corrupción ocurridos en todo el país, como decidió la CSJ, cuyos impredecibles efectos son motivo de al menos un artículo aparte.

La CC alargó ocho meses el período de la CSJ. La forma menos imperfecta de integrarla es con las comisiones de postulación, pero debido a cómo funciona nuestro medio esta opción ha sido también secuestrada por abogados representantes de mafias dispuestas a afianzar sus espurios intereses aunque ello derrumbe la legalidad real, no solo la aparente, para el beneficio interno del país y para su relación nacional con el mundo, pues se convierte de hecho en una grotesca imitación de monarquía absoluta. Por su parte, la CSJ admitió, gracias a magistrados suplentes el ya mencionado amparo contra la CC presentado por un abogado de currículum profesional y politiquero muy sorprendente, convertido hoy en día en tema de noticias y columnas.

Tienen malos efectos de acciones en apariencia adecuadas, como votar y razonar de viva voz en el Congreso. Son 140 para las cortes de apelaciones y 13 para la CSJ, pero como deben presentarse dos candidatos, ello significa 306 aspirantes. Si a cada diputado le toma un minuto razonar el voto, son 160 minutos por cada juez. Esto, multiplicado por 160, da 24,480 minutos (408 horas), o sea 51 días de ocho horas de trabajo. Pero las sesiones se interrumpirán por toda clase de motivos y ello alargará por meses el proceso, terminará el período de la CC y la nueva seguirá siendo fruto de contubernios. Aumentar el tiempo de las magistraturas tampoco funciona en este ambiente enrarecido. Cinco años es poco y eliminan la carrera judicial. Pero diez o más entronizarán a quienes mandan en las sombras. También en esto Guatemala va al despeñadero.