La República de Guatemala pertenece al concierto de las naciones civilizadas. No solamente porque haya irradiado e irradie culturas, antiguas y contemporáneas, porque sus habitantes vivan de acuerdo con principios y valores cívicos universales y porque sus talentos hayan contribuido al progreso y difusión de las ciencias y las letras, a las artes y los oficios, sino porque, desde su creación, ha pertenecido a las principales organizaciones erigidas para mantener un orden internacional, mundial y regional, basado en los grandes ideales de libertad, democracia y el imperio del derecho, consagrados en los numerosos tratados internacionales que ha ratificado.

El hecho de pertenecer a esa comunidad internacional, que sus integrantes reconozcan a Guatemala como un miembro de pleno derecho, genera ciertos derechos y obligaciones. Además, esa dualidad de “pertenencia-compromiso”, que todas las naciones civilizadas del orbe deben asumir, las faculta y obliga a observar ciertas conductas, políticas y límites. Así, ningún país perteneciente a ese “club de naciones” puede escapar al reproche de sus organizaciones o de sus miembros cuando falta a sus obligaciones o ignora sus compromisos en materias fundamentales.

Ante las acciones y procedimientos parlamentarios, del Ministerio Público y ciertos órganos de justicia que se han dirigido contra personas y entidades que protagonizaron las pasadas elecciones, era natural y procedente que las organizaciones de la comunidad internacional y algunos de sus integrantes alzaran su voz.

Esto de ninguna manera significa que otras naciones o las organizaciones internacionales tengan la facultad de interferir en los asuntos internos de Guatemala, pues ese orden internacional al que pertenece también está cimentado sobre las nociones de la soberanía de sus miembros y de la autodeterminación de los pueblos del orbe. Lo que ocurre es que ninguno de esos derechos tiene carácter absoluto.

En ese orden de ideas, ninguna de las integrantes de “las Naciones Unidas” puede pretender pleno reconocimiento, sin estar sujeta a los principios, reglas y valores que subyacen a esa comunidad internacional. Ni la ONU ni la OEA son perfectas como tampoco las personas que, de tiempo en tiempo, las dirigen. Pero, obviamente, eso nada tiene que ver con el hecho de que, al ser Guatemala uno de sus miembros, todos los demás tengan la facultad, dentro del cauce de las normas del derecho internacional, de exigir que todos los órganos del Estado guatemalteco actúen para hacer realidad los valores, principios e ideales de las naciones civilizadas del orbe.

Más específicamente, la comunidad internacional ha condenado y rechazado las acciones legales que, sin fundamento proporcional a los bienes jurídicos en juego y sin sentido de oportunidad, se han promovido por el MP y otros. Eran de esperarse esas reacciones, al igual que algunas de las sanciones que se han emitido.

Las víctimas inocentes de muchas esas acciones y sus consecuencias a nivel nacional y en el plano internacional son los ciudadanos de Guatemala que, con fe en la democracia, acudieron en un ambiente de orden y transparencia a ejercer su sagrado derecho de elegir a sus gobernantes por encima de formalismos rebuscados, sospechas sin substancia y denuncias interesadas de actores que difícilmente tenían la estatura moral para ser los primeros en “lanzar la piedra”.