La corrupción se da en Guatemala desde que tengo memoria. En los países vecinos también se dan prácticas de corrupción y, si nos informamos bien, también en muchísimos países, incluyendo los del primer mundo, entre ellos, grandes potencias económicas.

Iván Velásquez Gómez, el tercer y último jefe de la Cicig, no fue quien descubrió que en Guatemala se dan prácticas de corrupción. Fue el abogado Velásquez que a través de acusaciones de altas figuras políticas en el 2015 —vicepresidente y presidente de la República— mediante una estrategia de divulgación mediática muy bien diseñada elevó el nivel de atención de ese delito ante la opinión pública y fue lo que, en mi opinión, logró que la ciudadanía llegara a la Plaza a pedir la renuncia del presidente

Otto Pérez. A partir de septiembre de ese año, y por un par de años más, quizá fue el tema mediático de mayor resonancia en el país. De los años 2016 al 2019 se politizó la justicia y la “lucha contra la corrupción” realmente no tuvo los efectos deseados por la ciudadanía, sino que se volvió una lucha política ideológica.

Conocí al comisionado Velásquez en octubre del 2013. En ese momento su servidor era el presidente de la Cámara del Agro y presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), el cual no es el grupo de los 20 empresarios más ricos de Guatemala, sino la genuina representación del empresariado que forma parte de gremios que participan en las cámaras y asociaciones que integran el Cacif. El comisionado Velásquez, vía un embajador, consiguió la reunión, a la cual no asistí solo. Fue una respetuosa reunión donde se le comentó lo que el empresariado organizado visualizaba como obstáculos para que el país funcionara apropiadamente —ley y orden— y que permitiera desarrollarlo. Uno de los temas fue la corrupción.

Si ponemos atención a lo que los medios de comunicación, analistas de medios, economistas, académicos, institutos de investigación, etc. han dicho durante los últimos años, puedo concluir que un porcentaje que representa lo dicho, es que el 25% del presupuesto del gasto público del país se va a la corrupción. Si eso es válido, quiere decir que entre Q15 mil millones y Q20 mil millones no se usan apropiadamente. Si revisamos las notas de prensa del presupuesto que está en discusión en el Congreso de la República, para usar el más reciente, hay debate sobre por qué se le asigna fondos a las oenegés —si son no gubernamentales—, a nuevas oenegés, a programas que tienen asignaciones de más o a programas que tienen de menos. Es sumamente importante, en el caso de la corrupción política, ver con lupa todo eso.

¿Cómo se puede minimizar la corrupción? Opino que con prácticas de transparencia desde las instituciones que usan fondos públicos, con un manejo de la auditoría de fondos públicos no politizado, al acusar con sustento los abusos, haciendo cambios a la ley de servicio civil para poder así contratar o promover mejor calidad de servidores públicos, denunciando las acciones corruptas, pero, sobre todo, con vigilancia ciudadana, porque ese dinero que se desvía y que debe llegar a donde debe llegar, al no llegar a su destino, se retrocede como país.

La discusión de la semana pasada cuando 50 diputados se opusieron a que se reconstruya la autopista Escuintla-Puerto Quetzal en esquema público-privado es una discusión de fondo que puede abordarse temas de corrupción y soluciones. Si seguimos haciendo más de lo mismo no vamos a eliminar malas prácticas y no vamos a avanzar.

Guatemala necesita enfrentar la corrupción desde todos los ángulos posibles con acciones claras y transparentes. ¡Ánimo Guatemala!