El pasado jueves aconteció lo que algunos denominaron “paro nacional”. La conferencia episcopal hizo su trabajo con una declaración negativo-predictiva, algo que Nostradamus no hubiese refrendado. Por su parte, los 48 cantones, con cierto estilo autoritario que niega la libertad individual, expresaron en su comunicado que “…, se ha determinado una manifestación pacífica en la que participará toda la población totonicapanense…”, fijando varios puntos de bloqueo de carreteras. En otros lugares, grupos coordinados de unos 10/20 jóvenes se erogaron el derecho de atravesar buses, cerrar cruces viales o poner tablas con clavos en el suelo para forzar a la población a participar en un paro con el que, como se vio, no todos estaban de acuerdo. Por su parte, las redes sociales —mundo cerrado generador de ruido no siempre acorde con la situación— hicieron su trabajo antes y durante el evento; después difuminaron la realidad para evitar reconocer que la opinión publicada no se correspondía con la opinión pública.

Que todos estamos hartos de la corrupción es algo únicamente negado por mafiosos, que los hay; que la gestión del Gobierno en salud no ha sido buena es otro punto de poca discusión, y que la investigación que realiza el MP debería ser más rápida y oportuna, tampoco genera discrepancias. Y aunque todo eso es reprochable, no se puede pretender cambiar un mal gobierno con opciones violentas que vulneran derechos. Quedó claro, salvo para quienes se tapan los oídos, que la oposición política no tiene capacidad de convocatoria ni aceptación suficiente, incluso cuando promueve rechazo contra el actual gobierno. El sistema genera malos partidos —muy malos— y quienes son rechazados en votaciones no siempre son opciones reales de cambio. De hecho, en toda crisis se espera un liderazgo al frente, pero en el movimiento del pasado jueves nadie estaba presente porque hubiese hecho un estruendoso ridículo, lo que evidencia que no hay alternativas, por muy mal que percibamos lo que tenemos.

La disputa de fondo, sin embargo, no es otra que hacerse con el poder sin importar la forma y a cualquier precio. Una especie de maquiavelismo versión 2.0, de ahí que no viéramos a Codeca, que seguramente organizará su propia marcha, para mostrar su fuerza después de separarse del resto que medio se puso de acuerdo. No hablamos de cómo construir una sociedad sustentada en valores, principios, democracia y estado de Derecho —una República—, sino en cómo tomar el poder para continuar con agendas interesadas, polarizadas, ideologizadas, financiadas y sumamente reducidas a la corta y particular visión de quienes brincan cuando tienen hilos que mover o se deprimen y enojan cuando los pierden. En medio quedamos atrapados millones de ciudadanos que desearíamos construir esa sociedad que otros secuestran.

La destitución del Feci se ha convertido en bandera de quienes han ido perdiendo piezas en este tablero de ajedrez político-judicial, arrebatado, dicho sea de paso, por otros que se vieron privados de lo mismo tiempo atrás. Al final: Gloria Porras, Aldana, Sandoval…, parecen ser peones de grupos que los utilizan, en tanto en cuando son útiles, para después acogerlos y oxigenarlos desde lejos, y quizá volverlos a usar.
Da muchísima pena observar esa lucha visceral por el poder en la que el odio está a flor de piel y los diversos actores responden a intereses personales y no sociales. En nombre de la libertad, la destruimos, y reclamando el estado de Derecho, lo vulneramos. No se busca democracia y la divergencia y pluralidad de opiniones es rechazada hepáticamente. Cocemos el caldo perfecto para el más rancio autoritarismo sanguinolento, y seguramente lo tendremos en breve.