Sharon Jazmín Figueroa Arriaza es en este momento el centro de la justificada indignación que causan los asesinatos infantiles, especialmente de niñas, símbolo inequívoco de barbarie y ejemplo de perversión. Pero no es el único. Ella fue estrangulada y golpeada antes de morir en Melchor de Mencos, pero hay otras tres desapariciones activas en Petén, una de ellas la de Katherine Anayeli Enríquez Hernández, de 11 años, en el cercano municipio La Libertad. El caso parece ser una venganza diabólica contra la familia de la niña, quien sin duda trató de luchar luego de ser violentamente sacada de su casa y llevada con su bicicleta al lugar donde apareció su cadáver. Hay una mujer detenida, cuya casa fue quemada por los vecinos, enfurecidos ante tal monstruosidad.

Matar a un niño es imperdonable, porque la víctima no tiene posibilidad alguna de defensa, por lo que merece el más duro de los castigos. La criminalidad, tan antigua como el hombre, tiene niveles conocidos en el campo jurídico como atenuantes y agravantes. Estos últimos señalan detalles o características cuya presencia aumenta la gravedad del crimen en sí, sobre todo cuando se trata de arrancarle la vida a un ser humano, por lo cual el homicidio contempla diversas penas. Dichas consideraciones son ajenas a las posturas ideológicas, al referirse a derechos intrínsecos. No tiene base lógica criticar por razones de este tipo a la falta de acción o de protesta, lo cual, obviamente, no implica justificación a tales aberraciones.

Todo lo empeora en Guatemala la seguridad de quedar impune. La justicia en Melchor de Mencos sin duda no es ejemplo de corrección. Los otros casos aún no han sido resueltos, pero hay pocos motivos para pensar en una resolución positiva y un castigo a los culpables. De nuevo emerge el dilema de la pena de muerte, con todas sus discusiones, aunque es un hecho claro la urgencia de la sociedad de castigar de esa manera a quienes quebranta de manera tan profunda y cruel el derecho a la vida de cualquiera, en algunas circunstancias, muy específicas. La acción de quemar la casa, por no haber podido linchar de la mujer capturada, también son acciones ilegales inadmisibles.

Los femicidios en Guatemala son constantes y van en aumento. Si bien algunos se deben al involucramiento de mujeres en bandas criminales como las pandillas, la mayoría los sufren mujeres inocentes, de cualquier edad y condición social. La violencia en el hogar, el trabajo, las aulas, los autobuses y las calles se afianza por la certeza de la impunidad, y esta es una consecuencia, en muchos casos, de la corrupción en el sistema judicial. Por ello se justifican las denuncias de las entidades feministas, aunque muchas veces resulta contraproducente la forma de hacerlo, porque generaliza y simplifica esta trágica realidad. El problema se agrava porque sus potenciales víctimas constituyen un poco más de la mitad de la población.

Ante esta realidad se impone la aplicación de penas severas. Esto se dificulta por la desconfianza en el sistema legal, y el miedo provoca el silencio de las víctimas, la errónea creencia de que estos actos son aceptables, la mal entendida tradición de violencia, muchas veces inculcada por los criterios de las mujeres mayores expresados a sus hijas, y también por razones étnico-culturales. El resultado son casos como el de Sharon Jazmín y el de tantos otros ejemplos olvidados ante a vorágine de acontecimientos negativos ocurridos en el país. Por ello son necesarios los castigos ejemplares a casos específicos comprobados. Habrá más casos, porque ocurren en todo el mundo, pero nacerá y se consolidará, en el inconsciente, cierto temor en los varones violentos.