Esta opinión levantará críticas, especialmente entre quienes evitan contrastar sus argumentos y prefieren seguir la moda de la opinión impuesta, construida o mayoritariamente aceptada. No importa, corro el riesgo en beneficio de un debate sincero, pero sobre todo necesario y abierto.

La lista Engels -o cualquiera similar- no se sostiene desde un enfoque ético. Es un manifiesto político, un instrumento del gobierno norteamericano que incluyen personas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que, a juicio del presidente USA, “han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, en corrupción significativa y en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción”. La pregunta es cómo pueden determinarse esas acciones -con garantías y certeza- sin que medie una denuncia judicial o condena sobre el actuar del sujeto. Y no queda otra respuesta que admitir que tal suposición presidencial se basa en información de sus agencias o en elementos valorativos de opiniones de asesores, aspectos -ambos- absolutamente subjetivos y no factuales. Una lista así sería imposible dentro de USA, porque los señalados ganarían cualquier demanda en tribunales, lo que demuestra su inconsistencia ética y jurídica, razón por la que se aplica solamente fuera de sus fronteras a ciudadanos no norteamericanos, y sin aplicar aquello de: lo que es correcto para unos, lo es para todos.

En un mundo superficial, relativista y basado en redes, es fácil aceptar falacias de autoridad, y otorgar la razón a ciertas personas o gobiernos en aquello que comentan o señalan. Así que, desde la publicación de la lista, quienes figuran en ella son automáticamente percibidos como culpables y condenados socialmente, difundiéndose sus nombres, rostros y admitiéndose, sin discusión, los señalamientos de que son objeto. Esta suerte de vergüenza pública inducida parece desconocerse por muchos, quienes olvidan que no es de recibo someter a ningún ciudadano al escarnio público o a la acusación mediática porque unos burócratas determinen que así tiene que ser. La lista puede servir para muchos fines, incluidos los político-ideológicos, y tiempo después, si hubo error, ni siquiera tienen que reconocerlo ni disculparse porque la administración en cuestión habrá pasado. No importa haber afectado vidas ni inducido en la población sentimientos de rechazo y condena hacia los señalados, porque lo importante es mostrar que las grandes potencias pueden “hacer justicia” sin costo alguno para quienes toman esas decisiones ¡A fin de cuentas “sólo son opiniones”! Recuerde que en política la casualidad no suele existir, y cuando ocurre es porque ha sido cuidadosamente planificada.

Creo que merece una seria reflexión eso de aceptar calladamente conductas que sólo se sostienen bajo la tesis del derecho penal del enemigo, así como el actuar de políticos a quienes atribuimos la capacidad de imponer el orden internacional sobre valores y leyes que sus gobiernos proyectan. Todo eso está muy alejado del correcto y deseable actuar de la justicia, pero sobre todo de los pilares más elementales que sostienen cualquier comportamiento ético.

No discuto que Guatemala ha sido tomada por el narcotráfico, el crimen organizado y un grupo de sediciosos que pretende detonar regímenes autoritarios, y a los que no defiendo ni exculpo, antes bien animo a investigarlos, juzgarlos y condenarlos duramente si procede. Sin embargo, el combate hay que hacerlo desde la observancia de valores y principios que no son negociables ni deben vulnerarse, al igual que desde la justicia y la razón, y no con exposiciones o acciones políticas arbitrarias. Seamos prudentes, no vaya a ser que con el tiempo, se genere un efecto contraproducente al contar con una legión de personajes que, para algunos, terminan siendo héroes vilipendiados en ciertos listados.