La terrible matanza de los soldados ocurrida el martes de la semana pasada, en la tan remota aldea Semuy II, situada en El Estor, Izabal, provocó la declaratoria de estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos. La medida es legal, sin duda, y se justifica en muchos casos, pero en esta ocasión ha mermado la confianza poblacional por una serie de razones: desde la perspectiva técnico-militar, ¿por qué fueron enviados prácticamente a una muerte segura y a caer víctimas de violentísimos asesinatos? Esta merma se aumenta con el inexplicable silencio de las autoridades militares acerca de las verdaderas circunstancias de esa emboscada, cuya relación con la violencia emanada del narcotráfico ni siquiera debe ser puesta en tela de duda.

La desconfianza generalizada en la población es resultado directo de las mentiras, exageraciones y aprovechamientos indebidos de este gobierno en los tres años y medio de su existencia. El estado de sitio es una acción legal realizada cuando hay motivaciones fuera de toda duda. Provoca perspicacias la decisión gubernativa de ampliar el radio de alcance de esta medida a aproximadamente el 20 por ciento del territorio nacional, en un área donde la acción del narcotráfico ha sido a la luz del día durante varios años. No se puede olvidar que en el narcotráfico actúa gente de todas clases y de todos los gremios, incluyendo el de las autoridades. Y entonces es peligrosísimo dejar fuera de orden jurídico las garantías constitucionales.

Las autoridades de este gobierno se han caracterizado por la burla y la ruptura de la ley. La principal preocupación es, entonces, la posibilidad de aprovechar el momento para realizar contratos o tomar decisiones cuestionables. Debo mencionar el caso de los aviones argentinos Pampa III, por ahora en un impase total, no sé si por silencio voluntario o porque se haya avanzado en el asunto a espaldas de la población. El estado de sitio instalado con malas intenciones resulta ser un tesoro para corruptos de toda índole, y podría permanecer funcionando durante los cuatro meses faltantes para el 14 de enero del 2020, cuando termine, por fin, el peor de los gobiernos de Guatemala desde el inicio de la democracia electoral en 1984, cuando fue instalada la Constituyente.

Otra fuente de la desconfianza popular hacia Morales es haberse negado a permitir la presencia del presidente electo, Alejandro Giammattei, en las reuniones con Estados Unidos para implementar el plan del Tercer País Seguro, ya firmado por Honduras, según se supo en esta capital. Tiene razón entonces en anunciar su decisión de “no ponerlo en vigor” si no se le explican con claridad las condiciones del acuerdo. A mi juicio, en vista de esa absurda actitud del gobierno, Estados Unidos debe realizar por su cuenta una campaña informativa para explicarlo todo a los guatemaltecos, ahora atrapados en la red de mentiras oficiales. Es necesario, eso sí, admitir la serie de errores cometidos cuando se conoció, de manera abrupta, acerca de este espinoso tema.

En este lapso septiembre-enero, para facilitar la tarea del cambio de gobierno, no solo es necesario informar de los nombres de los ministros y otros altos funcionarios, sino reunirse las actuales autoridades con sus sustitutos en forma constante. Y si se le otorga el beneficio de la duda al nuevo gobierno, sus funcionarios principales tienen mucha importancia para señalar cualquier acción dudosa por serlo, o por ser considerada así. El peligro de esta etapa, vale la pena reiterar, lo constituye la creación de compromisos de Estado ineludibles. El país está en pésima situación económica, y por ello la lógica implica ser cuidadosos con los gastos, con los convenios firmados y cualquier otra acción causante del aumento de los malos efectos de la “jimmycracia”.